El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado judicial del fuero penal provincial, a 7 años de prisión por su participación clave en una operación de tráfico de marihuana. En total, se incautaron 23 kilos de droga que tenían como destino la ciudad de Rosario de la Frontera, una localidad gravemente afectada por el consumo de estupefacientes.
Aponte no solo facilitó el uso del vehículo para el transporte, sino que también controló el viaje, pagó el abogado defensor cuando el transportista fue detenido e incluso le dio instrucciones para evitar que declarara. Otros dos hombres, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, recibieron condenas de 6 años de prisión por su participación en la maniobra.
La fiscal subrogante Paula Gallo, que llevó adelante la investigación, destacó el grave daño social que habría provocado la droga, calculando que la cantidad incautada equivalía a casi 13 dosis por cada habitante de Rosario de la Frontera. La droga fue encontrada oculta en una camioneta Kia Sorento, propiedad de una empresa de transporte de la que Aponte es socio, durante un control vehicular realizado el 21 de diciembre pasado.
Durante el juicio, se confirmó que la operación tuvo una clara división de roles: Luna actuó como transportista, Peralta supervisó el trayecto, y Aponte coordinó la maniobra con fines de lucro. Aunque los acusados intentaron defenderse alegando desconocimiento o un rol secundario, las pruebas, incluidos mensajes de teléfono y testimonios, confirmaron su responsabilidad.
Además, tras la detención, Aponte pagó un abogado para proteger al conductor y evitar que declarara, demostrando su control sobre la operación.
Esta condena revela no solo la gravedad del narcotráfico en la región, sino también la preocupante implicación de funcionarios judiciales en actividades criminales.
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