La investigación por el vuelo privado que vinculó al jefe de Gabinete Manuel Adorni con un empresario de su entorno sumó un elemento que la vuelve más delicada: la Justicia debió intervenir para proteger a una testigo clave que denunció presiones mientras declaraba.
Se trata de Vanesa Tossi, quien aseguró haber sido hostigada por Marcelo Grandío —señalado como quien pagó el viaje— incluso durante su comparecencia judicial. El episodio no es menor: la mujer afirmó que recibió llamados y mensajes en plena declaración, lo que encendió alertas en la fiscalía sobre un posible intento de condicionar su testimonio.
Ante ese escenario, el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dictó una restricción de contacto total contra Grandío. La medida le prohíbe comunicarse con la testigo por cualquier vía y acercarse a su domicilio o lugares habituales.
El dato que vuelve noticiable el expediente no es solo el contenido de la denuncia, sino el momento en que ocurre: la supuesta presión se habría ejercido mientras la prueba todavía se está produciendo. Para el fiscal, no se trata de un hecho aislado, sino de un “patrón de conducta” que podría afectar la libertad de declaración y la integridad de una pieza central del caso.
La contradicción que sostiene la causa
El núcleo de la investigación sigue siendo el financiamiento del vuelo entre Punta del Este y Buenos Aires. Mientras Adorni sostiene que pagó el viaje de su bolsillo, tanto el piloto como Tossi coinciden en otra versión: que fue Grandío quien abonó el servicio.
Según la declaración de la secretaria, además, existió un intento de evitar la facturación del vuelo, lo que abre un flanco adicional en la investigación. La emisión parcial de una factura —por el tramo de regreso— y el posterior desconocimiento de ese documento por parte del empresario agregan inconsistencias a la operatoria.
Un expediente que se desplaza
Hasta ahora, el foco estaba puesto en determinar quién pagó el traslado y bajo qué condiciones. Sin embargo, con la denuncia de hostigamiento, la causa suma una dimensión más sensible: la posible interferencia sobre testigos.
En términos judiciales, esto puede tener un impacto directo. La protección de la prueba —especialmente cuando se trata de testimonios— es un eje central en cualquier investigación penal. Cualquier indicio de presión puede derivar en nuevas imputaciones o agravar la situación de los involucrados.
Más que un vuelo
El caso ya no se limita a un viaje privado ni a una discusión administrativa sobre facturación. La intervención judicial para resguardar a una testigo introduce un cambio de escala: lo que estaba bajo análisis como un posible conflicto de transparencia ahora incorpora elementos típicos de causas más complejas, donde la disputa pasa también por el control del relato dentro del expediente.
La investigación continúa abierta y, por ahora, con versiones enfrentadas. Pero el dato que sobresale es otro: cuando una testigo necesita protección en medio de su declaración, el expediente deja de ser un trámite más y se convierte en un caso bajo tensión.
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