A 50 años del golpe de Estado del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la discusión en la Argentina ya no gira únicamente en torno a la memoria, sino sobre algo más delicado: quién tiene la potestad de reinterpretarla y con qué fines.
El 24 de marzo no es una fecha simbólica más. Es el punto de quiebre donde el Estado dejó de ser garante de derechos para convertirse en su principal violador. Lo que siguió no fue un desorden ni una reacción desmedida, sino un sistema. Un engranaje aceitado de secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de niños, diseñado para disciplinar a toda una sociedad. La represión no fue un exceso: fue la política.
Ese carácter sistemático no es una construcción ideológica ni un relato partidario. Es una verdad judicial. La Argentina, a diferencia de buena parte de la región, no eligió olvidar. Construyó un proceso institucional que tuvo su punto de inflexión en el histórico Juicio a las Juntas, impulsado bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, que sentó en el banquillo a los máximos responsables del terrorismo de Estado.
Hubo retrocesos. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos. Pero también hubo una decisión posterior —política y judicial— de reabrir las causas y avanzar hasta consolidar algo más profundo que una condena moral: una arquitectura jurídica que estableció que esos crímenes son de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Ese es el núcleo duro que hoy vuelve a ser interpelado.
El avance de discursos que promueven una supuesta “memoria completa” no es inocente. Bajo la apariencia de equilibrio, reinstala una vieja teoría: la de los dos demonios. La idea de una “guerra” con responsabilidades simétricas no resiste el análisis histórico ni jurídico. Porque en una guerra hay reglas; en la dictadura argentina, el Estado actuó por fuera de toda legalidad, utilizando su aparato para desaparecer personas, borrar identidades y sembrar terror.
Cuando desde el poder político —con el presidente Javier Milei como principal exponente— se relativizan estos hechos o se los reubica en un terreno de disputa interpretativa, lo que se pone en discusión no es el pasado, sino los límites del presente.
Hablar de “excesos” implica aceptar que hubo una acción legítima que se desbordó. Pero no hubo desborde. Hubo planificación. Hubo centros clandestinos, cadenas de mando, inteligencia estatal puesta al servicio de la represión ilegal. Hubo un proyecto político que necesitaba del miedo como herramienta de reorganización social.
El riesgo no está solo en lo que se dice, sino en lo que se habilita. Cuando se erosiona la claridad sobre lo ocurrido, se debilita la frontera ética que toda democracia necesita para sostenerse. No se trata de una discusión académica: se trata de definir qué es intolerable.
Frente a ese escenario, la persistencia de la sociedad argentina funciona como contrapeso. Las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, la búsqueda incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo, los juicios que aún hoy se llevan adelante, medio siglo después, son la prueba de que la memoria no es un ejercicio retórico, sino una práctica activa.
Cada identidad recuperada, cada sentencia dictada, cada archivo abierto reafirma una idea central: la verdad no depende de mayorías circunstanciales ni de climas políticos. Está documentada, probada y juzgada.
En ese sentido, el caso argentino sigue siendo excepcional. Mientras otros países optaron por la amnistía o el silencio, aquí se construyó un consenso básico: hay hechos que no admiten relativización. Ese consenso es el que hoy se tensiona.
A 50 años, el desafío ya no es solo recordar, sino sostener la precisión de lo ocurrido frente a intentos de distorsión. Porque la democracia no se agota en votar. También exige acuerdos fundamentales sobre el pasado.
El “Nunca Más” no es una consigna congelada en el tiempo. Es un límite. Y como todo límite, necesita ser defendido cada vez que alguien intenta correrlo.
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