La situación política del concejal Carlos Casasola ingresó en una etapa crítica dentro del Concejo Deliberante de Salta. La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial emitió este jueves un dictamen de mayoría que propone suspender al edil hasta que la Justicia se expida sobre la denuncia presentada en su contra por presuntos hechos de violencia de género.
Pero el dato más fuerte surgió desde un sector minoritario del cuerpo: algunos concejales fueron más allá y plantearon directamente la exclusión de Casasola del Concejo, bajo la figura de “incapacidad moral sobreviniente” prevista en la Carta Municipal.
La decisión se tomó luego de semanas de tensión política, exposición pública y reuniones reservadas en las que la comisión escuchó tanto a la denunciante como al propio edil, quien realizó su descargo ante los concejales.
La licencia no prosperó
En paralelo, los presidentes de bloque acordaron rechazar el pedido de licencia sin goce de haberes que había solicitado Casasola “por razones de índole personal”.
Ese movimiento político dejó una señal clara dentro del cuerpo deliberativo: la mayoría no quiere que el caso quede congelado bajo una salida administrativa transitoria, sino avanzar con una definición institucional mientras la causa judicial sigue su curso.
Detrás de esa decisión aparece un punto menos visible, pero determinante. En el Concejo existe preocupación por el impacto político y social de sostener a un edil denunciado en funciones en medio de una investigación sensible vinculada a violencia de género.
Por eso, el debate ya dejó de centrarse solamente en la situación judicial y pasó a discutir también los límites éticos y políticos dentro de la representación institucional.
Suspensión o expulsión: la disputa interna
El dictamen de mayoría impulsa una suspensión preventiva hasta que exista una resolución judicial. La postura busca sostener un delicado equilibrio: preservar la presunción de inocencia sin ignorar la gravedad institucional de las denuncias.
Sin embargo, el dictamen de minoría refleja que dentro del Concejo hay sectores que consideran insuficiente esa medida y entienden que la permanencia de Casasola afecta directamente la credibilidad del cuerpo.
La discusión promete escalar en la próxima sesión ordinaria, donde el tema será incorporado al temario por la Comisión de Labor Parlamentaria.
Allí quedará expuesta otra tensión política: hasta dónde está dispuesto a llegar el Concejo frente a denuncias de esta naturaleza y cuánto pesan hoy la presión pública, la perspectiva de género y el costo político de no actuar.
Un caso que golpea al Concejo
La comisión trabajó con documentación remitida por la Fiscalía y con las exposiciones realizadas tanto por la denunciante como por el propio Casasola.
Participaron del encuentro los concejales Darío Madile, Eliana Chuchuy, Malvina Gareca, José García, David Leiva, Laura García, Ángel Ortiz, Laura Jorge Saravia, Agustina Álvarez Eichele, Gonzalo Nieva e Inés Bennassar.
Mientras tanto, el caso ya se convirtió en uno de los episodios políticos más delicados que atraviesa el Concejo Deliberante en los últimos años. Y el próximo miércoles podría marcar un punto de quiebre para el futuro político de Casasola.
Comments