La reforma de la Carta Orgánica municipal sumó uno de sus capítulos más sensibles y polémicos. Con el impulso de convencionales de La Libertad Avanza, se aprobó un artículo que reduce al mínimo la intervención estatal en materia turística y que ya genera fuerte preocupación en uno de los sectores económicos más importantes de Salta.
Detrás del cambio técnico en la redacción del artículo 91 aparece una discusión mucho más profunda: qué lugar debe ocupar el Estado en una actividad de la que dependen, directa o indirectamente, alrededor de 55 mil familias salteñas.
La nueva formulación establece que el municipio actuará “de manera complementaria evitando sustituir la actividad privada, salvo en casos excepcionales debidamente fundados”. En otras palabras, el turismo quedará principalmente sujeto a la lógica del mercado, limitando la capacidad estatal de intervenir, promover o sostener políticas activas.
Y el debate llega en un momento especialmente delicado. La caída del turismo receptivo, la pérdida de competitividad y el descenso del consumo ya golpean a hoteles, gastronómicos, agencias de viaje, artesanos, transportistas y pequeños emprendedores que sobreviven en un contexto económico cada vez más complejo.
Lo que no se dice detrás de la reforma
El punto menos visible de la discusión es que el turismo salteño nunca se construyó únicamente desde el sector privado.
Gran parte del crecimiento de la provincia como destino nacional e internacional estuvo sostenido durante años por inversión pública en promoción, infraestructura, eventos, conectividad y capacitación.
Por eso, la preocupación no pasa solamente por una frase incluida en la Carta Orgánica, sino por el posible desmantelamiento progresivo de herramientas que hoy sostienen buena parte de la actividad.
Entre los programas que podrían verse afectados aparecen las oficinas de información turística, las campañas de promoción en ferias nacionales, los programas de formación gastronómica y laboral, el fortalecimiento de productos culturales como las peñas y el turismo religioso, además de iniciativas vinculadas al turismo social y la asistencia a pequeños emprendimientos.
En un contexto de retracción económica, el temor del sector es que el Estado deje de funcionar como amortiguador y motor de desarrollo para actividades que muchas veces no sobreviven únicamente con reglas de mercado.
El malestar del sector privado
Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó desde la propia Cámara de Turismo de Salta. Su presidente, Facundo Assaf, criticó la falta de consulta previa y advirtió que la reforma desconoce cómo funciona realmente la actividad turística.
“Nadie nos llamó ni nos consultó”, cuestionó, marcando un dato que dejó malestar dentro del sector: una modificación que impacta directamente sobre la principal industria de servicios de la provincia avanzó sin participación de quienes trabajan diariamente en ella.
Assaf fue más allá y apuntó contra la visión ideológica que sostiene la reforma. Señaló que pensar que el turismo puede desarrollarse únicamente con inversión privada implica desconocer “conceptos básicos” de la actividad.
El planteo expone además una contradicción de fondo: incluso los destinos turísticos más competitivos del mundo funcionan con fuerte participación estatal en promoción, infraestructura, conectividad y planificación estratégica.
Una disputa ideológica con impacto económico
La aprobación del artículo dejó al descubierto algo más que una diferencia administrativa. Lo que se debate es un modelo de ciudad y de desarrollo económico.
Mientras los convencionales libertarios defienden un esquema de mínima intervención estatal, sectores vinculados al turismo advierten que aplicar esa lógica en una provincia como Salta podría profundizar la crisis de una actividad que ya atraviesa uno de sus momentos más complejos.
La discusión recién empieza, pero el mensaje político ya quedó claro: el turismo entró de lleno en la batalla ideológica sobre el tamaño y el rol del Estado.
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