Desde las 8.30, tendrá lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta la audiencia de debate en la causa seguida contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, acusados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
El juicio estará a cargo del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino. El Ministerio Público Fiscal será representado por Mónica Poma. Domingo Vargas y Mario López Escotorín estarán a cargo de la defensa de Víctor de Jesús Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli será defendido por Pablo Agustín Tobío y Víctor Dagun lo será por Ricardo Poclava.
Las querellantes y actoras civiles Rossana del Valle Chávez y Valeria Soledad Montenegro, serán representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia. Por su parte, los querellantes Olga Graciela Fabián y Pedro Martín Albarracín estarán representados por Carlos Humberto Saravia. Participará también la Fiscalía de Estado.
Como se recordará, el 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, donde tenían que apagar un incendio. Al día siguiente encontraron en la zona los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte.
Tras el análisis de un gran volumen de documentación, tanto de la misma subsecretaría de Defensa Civil, como del Ministerio de Seguridad y de otros organismos estatales, como así también de las numerosas testimoniales, se pudo establecer que Ola Castro, Durnelli y Dagúm incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Como eje central de la acusación penal, las fiscales señalaron que dos de las víctimas, Valdez y Vilte, pese a la capacitación que recibieron para combatir incendios forestales, los mismos “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.
De estos contratos, se advierte que “las funciones asignadas” era “sustancialmente diferentes” con respecto al programa específico de precaución y combate de incendios forestales, pues Vilte y Valdez tenía como “misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de de Incendios Forestales”.
“Por el contrario los contratos de brigadistas como Ferreyra y Albarracín indicaba que sus funciones y misiones principales” eran las de “dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”, agregaron las fiscales.
Asimismo, se pudo establecer que el propio Ola Castro y Durnelli solicitaron la renovación de los contratos de Valdez y Vilte pese a que los mismos además, de esas funciones también cumplían las que llevaba adelante la Brigada de Incendios Forestales. Asimismo, señalaron que Dagúm también estaba al tanto de esta irregularidad, pero pese a ello colaboró para que la misma se mantenga.
Valdez y Vilte “se encontraban afectados de manera casi permanente a la Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales, incumpliéndose así con lo prescripto en el Convenio firmado por la Provincia en el marco del Plan nacional de Manejo del Fuego”.
Esta hipótesis criminal no es sólo fundamentada por la documental reunida, sino por las declaraciones de los compañeros de tarea de Vilte y Valdez, a quienes señalaron como los más “novatos”, pero que “ya habían participado de varios incendios en el pasado, pero que laboralmente tenían otra condición”.
Las audiencias se extenderán hasta el 31 de octubre. En las mismas se dará prioridad para ingresar a la sala a los familiares de las víctimas, a la prensa, y por último al público en general. Por ello, aquellas personas interesadas en presenciar el juicio deberán prever llegar al salón con la debida antelación.
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