Anoche detuvieron al ex intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Prado, acusado por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).
Según comunicó el Ministerio Público Federal de Salta, la detención fue ordenada por el juez federal de Orán Gustavo Montoya, tras un pedido del fiscal federal Eduardo Villalba.
Desde febrero, la Justicia Federal investiga la causa en la que están imputados el ex jefe comunal, el ex Secretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Céspedes, y varios empresarios, acusados de “fraude a la administración pública”.
Para el fiscal, la principal hipótesis apunta a que Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de distintos actores implicados, entre ellos Céspedes y los empresarios.
Horas antes, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, había decidido no hacer lugar a un requerimiento del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, para la captura y detención de Prado en otra causa en su contra por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, los voceros de ministerio detallaron que la Fiscalía federal amplió el objeto de la investigación. En ese planteo el fiscal fue contundente respecto a las pruebas reunidas en contra de los acusados, entre las cuales destacó la declaración de un “imputado colaborador”, informes de pericias y otras testimoniales.
La detención de Prado fue ordenada por el juez federal de Orán Gustavo Montoya, tras un pedido del fiscal federal Eduardo Villalba (Foto El Tribuno)
Por estas nuevas pruebas presentadas, Villalba ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
Asimismo, adelantó que resta la realización de otras medidas probatorias, razón por la cual solicitó la prisión preventiva de Prado a fin de evitar que el acusado entorpezca las pesquisas pendientes. Villalba le sumó el hecho de que existen probabilidades de que, llegado al fin del proceso, el acusado reciba una pena de prisión efectiva, siendo esta otra causal que llevó al juez a disponer el arresto.
El ex intendente de Aguaray, su ex secretario de Hacienda y cuatro empresarios son algunos de los diez acusados por tres fiscales federales que tomaron parte en la investigación por el millonario robo de caños. Según consignó el portal local El Tribuno, la detención se concretó horas atrás en un edificio del microcentro de la ciudad de Salta con la participación de efectivos de la Gendarmería Nacional y personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Judiciales de Salta.
Prado llegó al Ejecutivo municipal hace menos de un año como candidato del Partido de la Victoria (Frente de Todos). Hace un mes, fue destituido de su cargo. Cesó en sus funciones tras la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio, que fue sancionada por la Legislatura el 15 de octubre pasado. Cuatro días más tarde asumió Adrián Zigarán como interventor designado por el Gobierno de Salta.
Para el fiscal la principal hipótesis apunta a que el ex intendente permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito (Captura Eltrece)
El fiscal provincial lo imputó el 6 de noviembre por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, y pidió su captura y detención, lo que fue denegado hoy por el juez de Garantías de Tartagal.
Esta investigación de la justicia provincial, que se suma a la que la justicia federal inició por el gasoducto, comenzó de oficio a partir de las declaraciones públicas de Zigarán referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el ex intendente.
Para imputar a Prado, el fiscal Cazón tuvo en cuenta publicaciones de medios de comunicación en las que Zigarán informó que el exjefe comunal recibió en diciembre de 2019 un municipio saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio por $7.900.000.
Diez meses después, y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que vencerán en los próximos meses, explicó Zigarán, quien hizo referencia a gastos de combustible y deudas salariales.
Con información de Telam.
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