La detención ilegal de Nahuel Gallo, gendarme argentino arrestado en Venezuela, sumó en las últimas horas un giro dramático. Su esposa denunció que el agente inició una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I, donde permanece detenido desde hace más de un año, como forma de protesta para exigir su liberación. La medida se realiza junto a más de 100 presos, en su mayoría presos políticos, militares, civiles y extranjeros, excluidos de la reciente Ley de Amnistíapromulgada por el régimen chavista.
Una detención sin proceso y una protesta extrema
La denuncia fue realizada por María Alexandra Gómez, quien advirtió públicamente sobre el deterioro de la situación humanitaria dentro del penal. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a territorio venezolano para visitar a su familia en la frontera con Colombia. Desde entonces, permanece privado de su libertad sin condena ni garantías judiciales, en lo que organismos de derechos humanos califican como desaparición forzada.
“Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano”, expresó Gómez en redes sociales, donde responsabilizó directamente a las autoridades penitenciarias y políticas venezolanas por la integridad física de su esposo.
Reclamo directo al poder político
En su mensaje, la esposa del gendarme apuntó contra Martínez Rangel, director del penal, y contra las máximas autoridades del régimen: la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“Dejen de jugar con la ilusión y la expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya”, reclamó. También cuestionó el silencio internacional: “¿Qué está haciendo la ONU frente a la violación constante de los derechos humanos?”.
Según denunció, Gallo lleva 441 días en desaparición forzada, una situación que se agrava con la huelga de hambre iniciada dentro del penal.
Más de 100 presos en protesta
La magnitud de la protesta fue confirmada por Alfredo Romero, quien señaló que, de acuerdo con testimonios de familiares, alrededor de 100 presos políticos comenzaron una huelga de hambre en El Rodeo I. “Estamos intentando verificar la situación”, aclaró.
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, también informó que entre los huelguistas hay militares, civiles y extranjeros, todos con un reclamo común: libertad inmediata.
La Ley de Amnistía, eje del conflicto
La huelga se produce tras la promulgación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento chavista con la promesa de liberar a detenidos por motivos políticos entre 1999 y 2026. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que la aplicación fue parcial y discriminatoria.
Romero sostuvo que excluir a militares y a otros detenidos políticos es inconstitucional, y que no puede hablarse de “convivencia nacional” mientras se deja afuera a un sector clave de la sociedad y a sus familias.
Según Foro Penal, al menos 400 personas quedaron excluidas de la amnistía. La organización presentará ante la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para su revisión.
Familias acampando y silencio oficial
Desde hace más de un mes y medio, familiares de los detenidos acampan frente a El Rodeo I y otros centros de detención, exigiendo información y la ejecución de las excarcelaciones anunciadas. Denuncian opacidad, falta de comunicación oficial y la suspensión de visitas.
“El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros”, expresó una de las familiares en declaraciones recogidas por agencias internacionales. El penal continúa con acceso restringido, sin partes oficiales sobre la situación de los huelguistas.
Un reclamo que cruza fronteras
El caso de Nahuel Gallo se convirtió en un símbolo del reclamo internacional contra las detenciones arbitrarias en Venezuela. El detalle distintivo del momento es la huelga de hambre colectiva, una medida extrema que busca forzar una respuesta concreta del régimen chavista y visibilizar la exclusión de cientos de detenidos de una amnistía que, en los hechos, no alcanzó a todos.
Mientras crece la preocupación por la salud de los presos, la pregunta sigue abierta: hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno venezolano antes de escuchar el reclamo de libertad.
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