El Senado de la Nación se encamina a aprobar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en Diputados y que introduce un cambio de fondo en el sistema judicial argentino: los tribunales laborales deberán acatar de manera obligatoria la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La modificación, contenida en el artículo 89 del proyecto, es presentada por el oficialismo como una herramienta para ordenar el sistema de juicios y reducir la litigiosidad, aunque especialistas advierten que, en los hechos, ese criterio ya existía.
La norma llegará al recinto con amplio respaldo político, aunque deberá volver a la Cámara alta tras la eliminación del artículo 44, que proponía cambios en el régimen de licencias médicas.
Qué cambia con el artículo 89
El núcleo de la reforma está en la sustitución del artículo 124 de la Ley 18.345, que regula el fuero laboral. A partir del nuevo texto, los jueces que resuelvan causas laborales estarán obligados a adecuar sus decisiones a los precedentes fijados por la Corte Suprema.
El proyecto va más allá: el artículo 90 establece que el apartamiento infundado de esa doctrina podrá ser considerado causal de mal desempeño, habilitando eventuales procesos de remoción de magistrados.
En la práctica, la ley busca convertir en mandato legal lo que hasta ahora era una construcción jurisprudencial del máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“Ordenador” del sistema judicial
Fuentes de la justicia laboral señalaron que la reforma no introduce una novedad absoluta, sino que formaliza un criterio ya vigente. “La Corte tiene dicho que sus fallos deben ser seguidos por los tribunales inferiores. Esta ley viene a poner en una norma lo que hoy es jurisprudencia casi consolidada”, explicaron.
En la misma línea se expresó Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de la UIA y Copal, quien calificó la medida como “absolutamente razonable”. “Es lógico que un tribunal de última instancia fije criterios obligatorios. Para muchas pymes es imposible sostener litigios eternos hasta llegar a la Corte”, sostuvo.
También respaldó el cambio Juan Etala, presidente del Departamento de Política Social de la UIA, al advertir que “no tiene sentido que la Corte diga 500 veces lo mismo porque algunos tribunales no acatan sus decisiones”.
El punto más polémico: la posible remoción de jueces
Donde aparecen mayores reparos es en el artículo 90. Incluso juristas que avalan la obligatoriedad de los fallos consideran excesiva la posibilidad de remoción por mal desempeño.
Un especialista consultado fue contundente: “La causal de remoción es un exceso, pero se explica porque hay jueces que se niegan sistemáticamente a aplicar fallos de la Corte, desconocen leyes vigentes o fijan tasas e intereses por fuera del marco legal. Eso genera una guerra permanente que perjudica sobre todo al sector productivo”.
El trasfondo político: la justicia laboral y la Ciudad
La reforma también avanza sobre otro eje sensible: el traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo 91 valida el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y se articula con las leyes porteñas 6.789 y 6.790, que reorganizan la justicia del trabajo en la Ciudad y crean una nueva Cámara de Apelaciones especializada.
El cambio tiene impacto institucional y político: reduce la influencia histórica del sindicalismo y del kirchnerismo en ese fuero, asociado durante años a figuras como Héctor Recalde y su hijo, el senador Mariano Recalde.
A quiénes alcanza la reforma laboral
Otro de los debates centrales es el alcance de la nueva ley. En términos generales, especialistas coinciden en que la mayoría de las disposiciones se aplicarán a todos los trabajadores, no solo a quienes sean contratados después de la promulgación.
El criterio dominante en el derecho laboral argentino es que la indemnización se rige por la ley vigente al momento del despido, no por la fecha de ingreso del trabajador. Así lo explicaron los abogados Julián Ortíz Alonso y Marcelo Aquino, quienes señalaron que la reforma impactará sobre relaciones laborales ya existentes, siempre que el cese ocurra luego de la entrada en vigencia de la norma.
Uno de los cambios más relevantes será el nuevo cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones y bonificaciones, y habilita el pago en cuotas, un punto que anticipa futuras impugnaciones judiciales por parte de la Confederación General del Trabajo.
El objetivo oficial
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a unificar criterios, reducir la litigiosidad y combatir la llamada “industria del juicio”, considerada un obstáculo para la inversión y el empleo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue claro: la nueva ley “aplica a cualquier relación laboral” y busca dar previsibilidad al sistema.
El detalle distintivo de la reforma no es solo su impacto sobre el derecho del trabajo, sino el refuerzo explícito del poder de la Corte Suprema como árbitro final del sistema. Con la aprobación en el Senado, el debate se trasladará a los tribunales, donde la ley comenzará a mostrar su verdadero alcance.
Comments