En un movimiento cargado de lectura política y económica, Federico Sturzenegger se reunió en Arabia Saudita con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en simultáneo con el inicio de una nueva revisión del acuerdo entre la Argentina y el organismo por US$20.000 millones. El encuentro se dio en AlUla y colocó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado como una de las caras visibles del rumbo económico del Gobierno ante los principales actores financieros internacionales.
La reunión tuvo como marco formal el trabajo sobre la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, pero el contexto amplificó su relevancia: mientras Sturzenegger exponía los avances del plan oficial, una misión técnica del FMI comenzaba en Buenos Aires la segunda auditoría del programa económico, con la lupa puesta en las metas fiscales y la acumulación de reservas.
Tras el encuentro, el funcionario destacó que las políticas de desregulación impulsadas por el presidente Javier Milei son observadas como un modelo por otros países, una señal de respaldo que busca reforzar la narrativa oficial de reformas estructurales profundas y sostenidas. Georgieva, por su parte, calificó el intercambio como “excelente” y subrayó la importancia de traducir los debates del Fondo en herramientas concretas para los países miembros.
La escena no fue aislada. Horas antes, el Gobierno había confirmado cambios en la agenda internacional del Presidente, convocado a participar el próximo 19 de febrero de la reunión inaugural del Board of Peace en Washington. En ese marco, Milei decidió reducir su presencia presencial en actividades en Estados Unidos, delegando en Sturzenegger una parte central de la representación argentina en foros internacionales.
Ese dato refuerza un rasgo distintivo del momento político: Sturzenegger no solo ejecuta la agenda de desregulación puertas adentro, sino que también la defiende y legitima ante el FMI, en una etapa clave de evaluación.
La revisión en curso contempla dos objetivos centrales. En materia fiscal, el Gobierno superó la meta acordada, con un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima del 1,3% pactado. El frente externo, en cambio, aparece como el punto más delicado: la acumulación de reservas quedó lejos de lo comprometido, lo que obligará a solicitar un waiver. Estimaciones privadas calculan el desvío en torno a los US$11.000 millones, aunque el Banco Central retomó las compras en 2026 y ya incorporó cerca de US$1300 millones.
Si la auditoría se aprueba —algo que en el Gobierno dan prácticamente por descontado—, el Fondo habilitará un desembolso de US$1000 millones, clave para la hoja de ruta financiera del Ejecutivo. La revisión coincide, además, con otro compromiso sensible: la actualización del Índice de Precios al Consumidor, acordada con el organismo.
En ese escenario, la foto de Sturzenegger con Georgieva funciona como algo más que un gesto protocolar: es una señal de continuidad, alineamiento y respaldo político al programa económico de Milei, justo cuando el FMI vuelve a medir, con números y resultados, la viabilidad del plan libertario.
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