Mientras el Gobierno acelera para llevar la reforma laboral al Senado el próximo 11 de febrero, el respaldo político de los gobernadores aliados aparece condicionado por un punto sensible: la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. No se trata de un rechazo frontal, sino de una advertencia fiscal en un contexto de recaudación en caída y superávit bajo presión.
Los mandatarios dialoguistas coinciden en acompañar la modernización laboral en términos generales, pero plantearon una alternativa concreta para evitar un impacto inmediato sobre las cuentas públicas: retirar la rebaja de Ganancias del paquete laboral y tratarla en un proyecto separado, con una aplicación escalonada en el tiempo.
La propuesta que circula en la mesa política es precisa: postergar dos años la reducción del impuesto y fraccionarla en dos tramos, con un 50% de baja en 2027 y el 50% restante en 2028. El esquema contrasta con el texto original del Ejecutivo, que prevé reducir las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% desde 2026.
Detrás de la iniciativa hay un argumento que excede a las provincias. Según admiten fuentes cercanas a las negociaciones, la alternativa también le resulta funcional al ministro de Economía, Luis Caputo, que enfrenta una merma sostenida de ingresos y necesita preservar el superávit fiscal, pilar central del programa económico.
Los gobernadores que empujan esta salida —entre ellos Rogelio Frigerio, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero— sostienen que el costo fiscal de la reforma laboral asciende a $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones recaen sobre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro Nacional, en tanto, resignaría $1,069 billones, mientras que los fondos destinados a ATN perderían $26.556 millones.
A ese cuadro se suma una preocupación adicional: la baja de Ganancias impacta también en el financiamiento de la Anses, lo que complejiza aún más el equilibrio fiscal en un escenario de menor recaudación. En enero, los ingresos crecieron un 22% interanual, muy por debajo de una inflación del 31,4%, lo que implicó una caída real explicada, en parte, por la reducción de retenciones y aranceles.
En paralelo, otro grupo de gobernadores peronistas dialoguistas —entre ellos Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Ricardo Jaldo— propuso una alternativa distinta: atar la baja del impuesto a la evolución de la actividad económica, de modo que el crecimiento permita compensar la pérdida vía IVA. La idea, sin embargo, aún no logró consenso técnico ni político.
En público, Caputo mantiene su posición a favor de la rebaja de Ganancias y deja la decisión final en manos del Congreso. En privado, admiten en varias provincias que dilatar la aplicación del beneficio impositivo podría aliviarle al propio Gobierno el frente fiscal, sin pagar el costo político de frenar la reforma laboral.
Así, la discusión revela una tensión menos visible: no es la reforma laboral lo que hoy genera resistencia, sino el momento elegido para tocar un impuesto clave cuando la recaudación todavía no acompaña el relato de recuperación económica.
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