Lugones envió al Senado un proyecto que recorta beneficiarios, desregula prestaciones y tensiona al oficialismo en uno de los temas más sensibles. Hay protesta convocada y el antecedente juega en contra.
El Gobierno nacional reactivó uno de los frentes más incómodos de su agenda: la discapacidad. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que modifica de raíz la ley de emergencia vigente y reabre una discusión que ya le generó un alto costo político al oficialismo.
La iniciativa, impulsada junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se presenta bajo el argumento de combatir irregularidades en el sistema de pensiones. Pero en los hechos, avanza sobre dos pilares centrales: el acceso a los beneficios y el esquema de financiamiento de las prestaciones.
El dato político no es menor. El año pasado, el Congreso no solo aprobó la emergencia en discapacidad, sino que además le impuso esa agenda al Gobierno junto con el financiamiento universitario, en una de las derrotas legislativas más visibles de la gestión. Ahora, la Casa Rosada intenta revertir ese escenario empezando por el Senado, donde tiene una correlación más favorable.
Menos beneficiarios y cambio de criterio
El primer cambio impacta directamente en quién puede acceder a una pensión. El proyecto deja atrás el enfoque basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y vuelve a un criterio más restrictivo: solo cobrarán quienes no puedan trabajar.
En términos prácticos, esto excluye a quienes hoy combinan discapacidad con algún grado de inserción laboral. Además, la iniciativa elimina la compatibilidad con el empleo formal, endureciendo aún más el acceso.
El monto de la pensión se mantiene —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, pero el universo de beneficiarios se reduce.
Fin del sistema homogéneo
El segundo eje apunta al corazón del sistema: las prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador único que fijaba valores iguales en todo el país para terapias, transporte o centros de día.
Si avanza, los precios pasarán a definirse en negociaciones entre prestadores, obras sociales y prepagas. El Estado solo intervendrá cuando financie directamente y con actualizaciones que no estarán atadas automáticamente a la inflación.
El efecto es estructural: se fragmenta el sistema y se debilita el Fondo Solidario de Redistribución, que hoy equilibra las diferencias entre grandes y pequeñas entidades. En ese nuevo esquema, las organizaciones con menor respaldo financiero quedarían en desventaja.
Más controles y riesgo de bajas masivas
La iniciativa también endurece los mecanismos de control. Plantea auditorías con cruces de datos entre organismos y habilita suspensiones preventivas ante inconsistencias.
A esto se suma un reempadronamiento obligatorio en un plazo mínimo de 90 días. Quienes no actualicen su información podrían perder automáticamente la prestación, un punto que ya genera preocupación en organizaciones del sector.
Tensión interna y calle en alerta
El proyecto no solo reabre el conflicto con la oposición. También expone diferencias dentro del oficialismo, donde conviven sectores que impulsan reformas rápidas y otros que buscan moderar el impacto político.
En ese contexto, el antecedente de Martín Menem pesa. El titular de Diputados ya había intentado el año pasado desactivar el conflicto sin éxito y terminó gestionando una derrota legislativa que dejó huella.
Mientras tanto, el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad agrega ruido y complejiza aún más el escenario.
La reacción social no tardó en aparecer. Organizaciones y familias convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud, en una señal de que el conflicto puede escalar rápidamente.
El Gobierno vuelve a una discusión sensible con margen político acotado, un Congreso fragmentado y la calle en alerta. El resultado, otra vez, es incierto
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