El Congreso de Perú resolvió destituir este martes al presidente interino José Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el cargo y se convirtió en el séptimo jefe de Estado en caer en la última década, en medio de una prolongada crisis institucional.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria de juicio político, en la que el Parlamento declaró la vacancia presidencial por “inconducta funcional y falta de idoneidad moral”. El anuncio fue realizado por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien confirmó que el miércoles se elegirá un nuevo presidente del Legislativo, que asumirá automáticamente la conducción del Ejecutivo hasta el 28 de julio.
Jerí enfrentaba siete mociones de censura, impulsadas tanto por sectores de izquierda como por bloques de derecha, en un escenario de fuerte fragmentación política. La Fiscalía lo investiga por dos causas de tráfico de influencias, luego de que se conocieran reuniones reservadas con empresarios chinos, uno de ellos contratista del Estado y otro vinculado a una red ilegal de comercio de madera.
Debate político y cuestionamientos al procedimiento
Durante la sesión, surgieron objeciones sobre el mecanismo utilizado para remover al mandatario. Algunos legisladores plantearon que debía aplicarse un proceso de vacancia y no de censura, al considerar que las acusaciones corresponden a su desempeño como presidente y no a su etapa como legislador. Sin embargo, el pleno rechazó esos planteos y avanzó con la destitución.
Para aprobar el juicio político se requería una mayoría calificada. Con 115 congresistas presentes, el umbral se fijó en 58 votos, cifra que fue alcanzada sin mayores dificultades.
Un interinato marcado por las sospechas
Jerí, de 39 años, había llegado a la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, en un proceso exprés motivado por la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado. Su gestión comenzó con un respaldo considerable, pero se fue deteriorando a medida que avanzaban las denuncias y se debilitaban sus explicaciones públicas.
En entrevistas recientes, el mandatario negó haber cometido delitos y sostuvo que existían intereses políticos que buscaban dañar su imagen. “No me considero muerto”, afirmó días antes de la votación, asegurando que tenía “suficiencia moral” para ejercer el cargo.
No obstante, nuevas revelaciones periodísticas agravaron su situación: además de las reuniones con empresarios extranjeros, se investigan contrataciones de mujeres vinculadas a encuentros con Jerí en el Palacio de Gobierno, lo que dio lugar a una segunda causa por tráfico de influencias agravado.
Apoyos aislados y trasfondo electoral
El ahora exmandatario recibió respaldo de figuras puntuales, como el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y de la candidata presidencial Keiko Fujimori, quienes advirtieron sobre los riesgos de la inestabilidad política.
Analistas locales vinculan la rapidez del proceso con la campaña electoral, que cuenta con más de 30 aspirantes presidenciales y culminará el 12 de abril. En ese contexto, la destitución de Jerí aparece como un nuevo capítulo de una crisis que combina desconfianza ciudadana, debilidad institucional y disputas de poder dentro del Congreso.
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