En la antesala del debate legislativo del nuevo régimen penal juvenil, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, salió a respaldar con firmeza el proyecto del Poder Ejecutivo que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y lo hizo desde una definición que busca correr el eje del debate: ya no se trata de incapacidad de comprensión, sino de responsabilidad penal efectiva.
“Un chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace”, afirmó el funcionario en una entrevista radial, al sostener que los fundamentos históricos de la inimputabilidad ya no se corresponden con la realidad social actual. Para el ministro, el contexto cambió y el sistema jurídico debe adaptarse a esa transformación.
El proyecto, que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados esta semana, es presentado por el Gobierno como una respuesta a un fenómeno que, según Cúneo Libarona, se volvió estructural: el uso de menores por parte de adultos en organizaciones delictivas y la percepción de impunidad que atraviesa tanto a delincuentes como a fuerzas de seguridad.
“El mensaje que circula es ‘delinquimos porque no pasa nada’. Y también el de la policía: ‘detenemos y salen en minutos’”, describió. En ese marco, sostuvo que los menores involucrados en delitos actúan con conocimiento y voluntad, dos requisitos centrales para la imputabilidad penal.
El ministro rechazó que la iniciativa busque criminalizar a la adolescencia y aseguró que el texto fue elaborado con “máximo equilibrio”, luego de analizar experiencias internacionales y consultar a especialistas. “No es un proyecto improvisado. Está pensado para dar una respuesta justa y realista”, subrayó, al tiempo que pidió al Congreso que lo debata y lo apruebe.
En términos presupuestarios, Cúneo Libarona también buscó despejar críticas: afirmó que la implementación no implica un costo imposible para el Estado y que el esquema fue estudiado para ser viable. “No es tan oneroso como se dice”, señaló, y volvió a poner como ejemplo la situación de la provincia de Buenos Aires, a la que describió como atravesada por una violencia creciente.
Más allá del régimen penal juvenil, el ministro abordó otros temas sensibles de la agenda judicial. Confirmó que el Gobierno no impulsará cambios en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al menos en el corto plazo, y desmintió versiones sobre una eventual derogación.
También se refirió a la figura penal del femicidio, donde anticipó que el Ejecutivo evalúa una reformulación técnica, no su eliminación. Según explicó, el objetivo es corregir aspectos que generan cuestionamientos constitucionales sin habilitar escenarios de impunidad. “La plataforma fáctica se mantiene, pero la figura necesita precisión”, sostuvo.
Finalmente, Cúneo Libarona relató el episodio en el que estuvo a punto de dejar el cargo el año pasado y reveló que fue convencido personalmente por Javier y Karina Milei para continuar. “Me pidieron que me quedara, con mucha firmeza. Confié y seguimos”, resumió.
Con definiciones duras y sin matices discursivos, el ministro dejó en claro que el Gobierno busca reordenar el sistema penal desde una lógica de responsabilidad, aun en los temas más sensibles. El debate, ahora, queda en manos del Congreso.
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