El proyecto de ley que busca regular el aprovechamiento de la fibra de vicuña en Salta podría sufrir modificaciones importantes en el Senado luego de que representantes de comunidades originarias plantearan objeciones al texto aprobado por Diputados y reclamaran una mayor participación en la gestión del recurso.
Durante una reunión ampliada de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, referentes indígenas, representantes del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y funcionarios provinciales coincidieron en la necesidad de revisar aspectos centrales de la iniciativa antes de su sanción definitiva.
El punto más sensible del debate no gira en torno a la utilización de la fibra de vicuña, sino a quiénes tendrán el control de esa actividad y cómo se distribuirán los beneficios económicos que genere.
La propuesta legislativa mantiene la prohibición de cazar vicuñas y autoriza únicamente la obtención de fibra mediante el tradicional método del “chaku”, que consiste en la captura y esquila del animal en estado silvestre sin provocarle daño. Además, declara zonas de interés en distintos departamentos de la Puna y los Valles Calchaquíes donde se desarrolla esta actividad.
Sin embargo, las comunidades cuestionaron que el proyecto haya avanzado sin un proceso de consulta previa, libre e informada y advirtieron que la redacción actual otorga un rol predominante al Ministerio de Producción y Minería como autoridad de aplicación.
El aspecto menos visible del debate es que detrás de la fibra de vicuña se disputa mucho más que una actividad productiva. Para las comunidades originarias, el manejo de esta especie está ligado a prácticas ancestrales, a la preservación cultural y a una fuente potencial de desarrollo económico para poblaciones que históricamente enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales.
Los referentes indígenas solicitaron la creación de una Mesa Provincial de la Vicuña que permita una gestión compartida entre el Estado y las comunidades, evitando que las decisiones queden concentradas en un único organismo.
También alertaron sobre el riesgo de que la fibra termine integrada a circuitos de exportación sin generar valor agregado local, como ocurre en otras provincias donde gran parte de la producción se comercializa en mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte.
Según expusieron, el desafío consiste en que la riqueza generada por uno de los recursos naturales más valiosos de la Puna permanezca en los territorios mediante procesos de manufactura local, fortaleciendo el trabajo artesanal y evitando la migración de jóvenes hacia los grandes centros urbanos.
Otro de los planteos estuvo vinculado a la conservación de la especie. Las comunidades recordaron que las restricciones implementadas durante décadas permitieron la recuperación de las poblaciones de vicuñas y advirtieron que cualquier regulación debe mantener una fuerte perspectiva ambiental.
Tras escuchar los planteos, los senadores adelantaron que analizarán modificaciones al proyecto. Incluso el senador Dani Nolasco anticipó que la iniciativa sufrirá cambios en la Cámara Alta, por lo que debería regresar a Diputados para una segunda revisión.
De esta manera, el debate por la fibra de vicuña parece encaminarse hacia una discusión más amplia, donde producción, conservación y derechos de las comunidades originarias buscan encontrar un punto de equilibrio antes de que la ley quede definitivamente aprobada.
La fibra de vicuña es considerada la fibra animal legítima más fina, rara y costosa del mundo. Proviene de la vicuña (Vicugna vicugna), un camélido silvestre que habita en las zonas de alta montaña (la Puna) de la Cordillera de los Andes, principalmente en Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Es un insumo suntuario ultraexclusivo destinado a la alta costura internacional.
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