En un acto que marca un giro hacia la modernización del sistema penitenciario salteño, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezó la entrega de recursos que prometen transformar la forma en que se maneja la seguridad dentro de las cárceles. Lo que antes era un desafío diario de logística y control ahora se convierte en un esquema más eficiente, seguro y respetuoso de los derechos de todos los involucrados, incluyendo internos y familiares.
El Servicio Penitenciario Provincial recibió un Escáner HT2000GA, capaz de inspeccionar de pies a cabeza mediante rayos X, detectando objetos ocultos sin contacto físico. Esta tecnología no solo protege al personal y a los internos, sino que elimina la necesidad de prácticas invasivas que afectaban a familiares y visitantes, respetando la integridad de quienes deben ingresar a los recintos.
Además, se incorporaron dos furgones Mercedes Benz 0 km, acondicionados para trasladar hasta 15 personas, que se suman al minibús recientemente incorporado en Tartagal. Estas unidades, junto con la modernización del sistema de audiencias y la creación de consultorios médicos intramuros, permitieron reducir un 40% los traslados diarios de internos, disminuyendo riesgos y evitando la exposición innecesaria de familiares a procedimientos invasivos o controles excesivos.
El ministro anunció también la construcción de nuevos módulos en Tartagal, licitaciones próximas para Orán y Metán, y la ampliación de la Alcaidía General 1 de la Capital con capacidad para 600 personas. Obras que reflejan planificación estratégica y un compromiso con la seguridad integral, sin sacrificar los derechos de quienes visitan o trabajan en las unidades.
El director del SPPS, Enrique Torres, resaltó que 2025 fue un año de “incorporaciones trascendentales” para la institución, no solo en infraestructura y equipamiento, sino en sistemas que modernizan la gestión penitenciaria y protegen la dignidad de internos y visitantes. La presencia de autoridades como la presidente de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y el procurador general Pedro García Castiella, subraya que estas medidas son parte de un compromiso institucional por la seguridad y los derechos humanos.
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