En Salta, el Gobierno provincial volvió a poner sobre la mesa un 8% de aumento, pero lo hizo con una letra chica que ordena la negociación y, al mismo tiempo, la vacía de urgencia: el último tramo recién se cobra en julio y el impacto total se siente en agosto. En un contexto donde el salario ya corre de atrás, el tiempo se transformó en el principal punto de conflicto.
La ministra Cristina Fiore confirmó que la propuesta sigue firme. El esquema es escalonado: 2,9% en febrero, 2% en abril, 1,5% en junio y 1,6% en julio. La discusión continuará la semana próxima con mesas sectoriales —Educación, Salud y Administración Centralizada— y luego volverá a la mesa general. El Gobierno destaca el diálogo, la continuidad institucional y marca una diferencia con el escenario nacional, donde las paritarias están virtualmente congeladas.
Pero en la negociación salteña el problema no es la existencia de una mesa de negociación , sino qué tan lejos queda la recomposición real del bolsillo.
Un aumento que no alcanza
Los gremios llegaron a esta instancia con un dato que no admite matices: entre enero de 2025 y enero de 2026 la inflación acumulada fue del 32,4%, mientras que los aumentos otorgados el año pasado rondaron el 23%. Esa diferencia —casi 9,5 puntos— sigue sin resolverse. La oferta del 8% no la cubre y, además, la reparte en cuotas que licúan su efecto.
La Asociación Docente Provincial lo dijo sin rodeos. Su secretario general, Fernando Mazzone, sostuvo que el ofrecimiento “no contempla lo sectorial” y recordó que el 2 de marzo habrá paro nacional, convocado por CTERA, lo que deja al inicio de clases más en el terreno del deseo que de la certeza. El reclamo docente incluye, además del porcentaje, la regularización de sumas no remunerativas y la continuidad de la Compensación Transitoria Docente, el reemplazo del incentivo nacional que la Nación dejó de financiar.
El rechazo no fue exclusivo de Educación. Asociación Trabajadores del Estado descartó el 8% por considerarlo desconectado del costo de vida y exigió una propuesta que nivele salarios con inflación. En el ámbito de las escuelas técnicas, AMET endureció su postura: su secretario general, Claudio Jaime, calificó el esquema de aumentos como “totalmente insuficiente” y pidió un cambio de reglas: paritarias trimestrales, no semestrales, para evitar que los salarios vuelvan a quedar viejos antes de cobrarse. También reclamó la restitución del Fondo Compensador, eliminado en enero, y advirtió sobre la falta de cobertura de cargos en las escuelas técnicas.
En Salud, la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta también dijo no. El gremio pidió 11,5% para equiparar la inflación de 2025 y sumar el porcentaje de enero. Su secretario general, Federico Ocaranza, fue preciso: el 8% “no recompone el salario real” y compromete la posibilidad de sostener el sistema público de salud en condiciones dignas.
El punto ciego de la negociación
El Gobierno provincial vuelve a explicar la oferta con un argumento conocido: la caída de los recursos nacionales. Habla de un 7% menos de ingresos reales y de un faltante que, actualizado, ronda el billón de pesos anuales. El dato es relevante, pero no alcanza para cerrar la discusión. Porque en la práctica, la paritaria no se define solo por lo que el Estado puede pagar, sino por cuándo lo paga.
Ese es el detalle distintivo de esta negociación: el aumento existe, pero llega tarde. Y cuando el salario llega tarde, deja de ser aumento para convertirse apenas en un intento de no seguir perdiendo. La semana próxima dirá si el Gobierno está dispuesto a discutir plazos y no solo porcentajes. De eso depende, en buena medida, si las clases comienzan el 2 de marzo o si la paritaria vuelve a mostrar que, en Salta, el diálogo sigue abierto, pero el conflicto también.
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