Perú atraviesa uno de los escrutinios más ajustados de su historia reciente. A más de una semana de la segunda vuelta presidencial, la conservadora Keiko Fujimori conserva una ventaja mínima sobre el candidato progresista Roberto Sánchez, mientras miles de votos continúan bajo revisión y la proclamación oficial del ganador podría demorarse hasta mediados de julio.
Con más del 98% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,062% de los votos contra el 49,938% de Sánchez, una diferencia de poco más de 22.000 sufragios en un país de más de 25 millones de electores habilitados para votar.
Sin embargo, el dato más importante ya no es la diferencia entre ambos candidatos, sino la incertidumbre institucional que comienza a instalarse en torno al proceso electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones todavía debe resolver más de 1.300 actas observadas e impugnadas, un procedimiento que podría extenderse varias semanas y retrasar la proclamación oficial del próximo presidente peruano.
Mientras tanto, el clima político se vuelve cada vez más tenso. Sánchez llamó a sus seguidores a movilizarse para “defender el voto” y denunció supuestas irregularidades en el proceso. Incluso solicitó la anulación de aproximadamente 400.000 votos emitidos en el exterior, un planteo que ya fue rechazado por las autoridades electorales.
El aspecto menos visible de esta elección es que Perú vuelve a enfrentarse a una situación que se ha repetido en los últimos años: presidentes débiles, alta fragmentación política y una profunda desconfianza de amplios sectores de la sociedad hacia las instituciones.
Sánchez cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Castillo, mientras que Fujimori representa una fuerza política que mantiene una fuerte presencia electoral pese a las controversias históricas que rodean al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
La demora en la definición también refleja las particularidades del sistema electoral peruano, que exige el traslado físico de actas y documentación desde todo el territorio nacional antes de completar el escrutinio definitivo.
Según la legislación peruana, el nuevo mandatario deberá asumir el próximo 28 de julio para iniciar un mandato de cinco años. Hasta entonces, el país seguirá pendiente de cada resolución electoral y de una diferencia de votos que, aunque pequeña, podría definir el rumbo político de Perú para el próximo lustro.
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