La Justicia federal dejó sin margen de maniobra al diputado nacional Emiliano Estrada. Este martes, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el pedido de desafuero solicitado por la jueza Mariela Giménez, en una causa donde el legislador está acusado por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad.
Lejos de colaborar con el avance de la investigación, Estrada optó por una estrategia evasiva: se negó a asistir a la audiencia de imputación convocada por el fiscal Carlos Amad, quien había solicitado formalizar la causa ante la justicia federal. El legislador nacional —que accedió a su banca en 2021— no alegó problemas de agenda ni de salud. Simplemente, decidió no presentarse, amparado en tecnicismos y cuestionamientos sobre la competencia del juzgado. Esa decisión, según la propia fiscalía, lo puso en una postura de “privilegio inadmisible”.
El caso que lo involucra surgió a raíz de una investigación penal iniciada en la justicia provincial por el delito de intimidación pública, luego de que dos asesores suyos fueran señalados por maniobras anónimas de agitación en redes sociales. Con el correr de los días, la lupa de la fiscalía detectó indicios de participación directa de Estrada y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos para financiar esas actividades.
Aunque en un principio la acusación se centraba también en esa intimidación, el fuero federal tomó el control del expediente para enfocarse en los posibles delitos de administración fraudulenta de fondos del Estado, dejando el resto en suspenso.
La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, desestimó este martes los últimos planteos de la defensa, que insistía en cuestionar la jurisdicción de la jueza salteña y la precisión de la acusación. El tribunal, sin embargo, fue categórico: la competencia está clara y la causa debe avanzar.
El fiscal Amad también fue contundente al desestimar la supuesta protección constitucional que invocaba Estrada para evitar comparecer. Recordó que los fueros no cubren a los legisladores por actos realizados fuera del Congreso ni, mucho menos, por hechos que puedan haberse cometido de forma anónima o a través de terceros. “El derecho a no ser molestado por opiniones políticas no se puede confundir con el derecho a no rendir cuentas ante la Justicia”, apuntó el funcionario judicial.
Con este revés judicial, el trámite de desafuero cobra un nuevo impulso. Ahora, será el Congreso nacional el que deberá analizar si habilita que el diputado salteño enfrente formalmente la acusación penal como cualquier otro ciudadano.
Mientras tanto, Estrada sigue ocupando su banca en la Cámara de Diputados, sin dar respuestas públicas convincentes sobre el caso. Una paradoja que tensiona cada vez más el vínculo entre la política y la Justicia.
Comments