En un fallo sin precedentes en la región, el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, homologó un acuerdo de reparación económica para 18 víctimas de trata laboral, originado en una finca del norte salteño, donde trabajadores aborígenes fueron sometidos a condiciones inhumanas. La resolución incluye un pago total de $36 millones más ajuste por inflación, lo que representa más de $2 millones por persona, a abonarse en un plazo de 90 días.
El caso se originó tras una denuncia anónima realizada el 18 de diciembre de 2023 a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate. Personal de Gendarmería Nacional acudió al lugar, constatando que los trabajadores vivían en condiciones similares a la esclavitud: alojados en carpas de plástico, sin acceso a agua potable, alimentación adecuada ni higiene, con temperaturas que superaban los 45°C. Tres de ellos lograron escapar caminando durante horas para buscar ayuda, siendo perseguidos de noche con linternas por empleados del empleador.
El imputado, Jesús Isauro Erazo, había captado a los trabajadores mediante promesas falsas de empleo en comunidades aborígenes de El Cañaveral y San Luis, en Santa Victoria. Fue acusado de trata de personas con fines de explotación laboral, con agravantes por el número de víctimas, la consumación del delito y el abuso de su vulnerabilidad.
Tareas comunitarias y reparación integral
Además del resarcimiento económico, Erazo deberá cumplir tareas comunitarias en un hogar de ancianos de Tartagal: 4 horas semanales durante 6 meses, realizando labores de limpieza y acompañamiento. La medida busca generar un impacto restaurativo y reflexivo sobre su accionar.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo del caso, sostuvo que la vía alternativa “es proporcional, racional y garantiza un beneficio directo para las víctimas”, considerando la baja probabilidad de éxito de una demanda civil y el riesgo de que los afectados no reciban ninguna compensación. Destacó también la colaboración del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien mantuvo contacto directo con cada víctima y gestionó la apertura de cuentas bancarias para recibir los fondos.
“Una reparación menor, pero factible”
Escandar subrayó que, si bien el daño sufrido es enorme, la vía civil podría haber sido “infructuosa”, por lo que se optó por un acuerdo “realista, pero ejecutable”. Recordó casos similares en los que, pese a sentencias favorables, los bienes decomisados no pudieron ser liquidados ni distribuidos a los damnificados.
El juez valoró el acuerdo, pero pidió reforzarlo con un componente comunitario, por lo que se sumaron las tareas en el geriátrico. Finalmente, con la conformidad de todas las partes, el acuerdo fue homologado, dejando abierta la vía penal en caso de incumplimiento.
Este fallo representa uno de los resarcimientos más altos en la historia judicial del norte argentino en materia de trata laboral y sienta un precedente en la búsqueda de justicia con enfoque restaurativo, centrado en las víctimas.
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