El juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán Salustros, ordenó la detención de Walter Ezequiel Omar Mamaní, Juan Giménez, Julia Díaz, Sergio Argañaraz y Franco Matías Vizgarra.
El pasado 28 de junio Luciano Diez circulaba en el automóvil de su madre sobre la avenida 9 de Julio de Apolinario Saravia, cuando fue cruzado por una camioneta policial, con los policías imputado a bordo. Sin motivo aparente realizaron disparos, al parecer tratando de amedrentar al joven.
Mamaní se presenta luego en el domicilio de Iris Waideich (madre del joven) junto a otros tres agentes, para detener a su hijo de 22 años.
El motivo que se adujo fue que el conductor de la camioneta circulaba a altas velocidades, de manera zigzagueante, con la música a todo volumen e intentó atropellar intencionalmente a los uniformados. Tras lo cual se lo llevaron a la comisaría.
El muchacho quien niega los cargos y es avalado por las cámaras de seguridad, permaneció detenido unas siete horas, en las que -según relató – fue golpeado y amenazado.
Los cuatro acusados son funcionarios policiales con revista en la Sub Comisaría El Dorado, de Apolinario Saravia.
Mamaní, se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real (hecho ocurrido el 28 de junio pasado); en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, también en concurso real (hecho ocurrido el 2 de julio de este año).
Giménez, por su parte, fue acusado provisoriamente de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real (hecho ocurrido el 28 de junio pasado); en concurso real con coacción.
En cuanto a Díaz, Argañaraz y Vizgarra, la acusación provisoria efectuada por la fiscalía actuante es por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real (hecho ocurrido el 28 de junio pasado).
Así, el juez decidió hacer lugar a lo solicitado por la fiscal penal, y ordenó librar los oficios correspondientes a la Unidad Regional 5. La orden será registrada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
Para esto, el juez tuvo en consideración no sólo la pena que podrían recibir en caso de ser considerados culpables, sino también la circunstancia de que todos los encausados son miembros de las fuerzas de seguridad, por lo que se entiende que cobra mayor relevancia la posibilidad de fuga. Además podrían influir o intimar a los testigos o al denunciante para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
En la resolución, el juez amplió la constitución de querellante y actor civil solicitada por la víctima, y la tuvo por instada en relación a los cinco acusados.
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