Buscan actualizar la ley vigente para permitir el aprovechamiento sustentable de su fibra. El proyecto abre un debate entre conservación, negocio y control estatal.
La Cámara de Diputados de Salta tratará este martes un proyecto que puede marcar un giro en la política ambiental y productiva de la provincia: pasar de un esquema de prohibición total a uno de aprovechamiento regulado de la vicuña.
La iniciativa propone actualizar la legislación vigente desde 1993, que prohíbe la caza, tenencia y comercialización de esta especie. El nuevo enfoque apunta a habilitar la esquila en silvestría —sin sacrificar al animal— como una forma de uso sustentable de uno de los recursos naturales más valiosos del norte argentino.
El cambio no es menor. La vicuña, que estuvo al borde de la extinción por la caza indiscriminada, logró recuperarse en las últimas décadas gracias a políticas de protección estrictas. Ese crecimiento poblacional permitió que, a nivel internacional, deje de ser considerada una especie en peligro crítico y pase a una categoría que habilita su aprovechamiento bajo controles rigurosos.
Ahí aparece el núcleo del debate: transformar la conservación en una actividad productiva. La fibra de vicuña es una de las más cotizadas del mundo por su finura, resistencia y capacidad térmica, lo que abre la puerta a un mercado de alto valor. Pero ese potencial económico exige reglas claras para evitar retrocesos.
El proyecto sostiene que un sistema controlado puede desalentar la caza furtiva, fortalecer el monitoreo de las poblaciones y generar ingresos para comunidades de la Puna. En otras provincias como Jujuy y Catamarca, experiencias similares ya están en marcha, con esquemas de manejo supervisados por el Estado.
Sin embargo, el lado menos visible plantea interrogantes. ¿Está la provincia en condiciones de controlar una actividad de alto valor económico en territorios extensos y de difícil acceso? ¿Cómo se garantizará que el beneficio llegue a las comunidades y no quede concentrado en intermediarios? ¿Qué pasará si la demanda presiona sobre la especie?
El proyecto también prevé instancias de consulta a comunidades locales, en línea con normativas internacionales, aunque esos procesos quedarán definidos en la reglamentación. Es decir, gran parte de la implementación real dependerá de decisiones posteriores.
La iniciativa llega al recinto sin dictámenes de comisiones clave, lo que anticipa una discusión abierta. No solo por el aspecto ambiental, sino por el modelo de desarrollo que propone: convertir a la vicuña en un recurso estratégico sin repetir errores del pasado.
En juego no está solo una especie. Está la capacidad del Estado de equilibrar conservación y negocio en un terreno donde la línea es, muchas veces, demasiado fina.
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