Buscan adherir a la ley eléctrica nacional, pero con exclusiones clave. El punto más sensible: la continuidad de impuestos y tasas dentro de la boleta.
La Cámara de Diputados de Salta se prepara para debatir un proyecto que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios. La iniciativa propone adherir parcialmente al nuevo texto de la Ley Nacional 24.065, actualizado por el Decreto 450/25, pero deja afuera artículos centrales que abren un frente de discusión.
El eje más sensible está en las facturas. Mientras la normativa nacional prohíbe incluir cargos ajenos al consumo eléctrico —como tasas municipales o impuestos—, el proyecto salteño opta por no adherir a ese punto. En la práctica, esto permitiría que las boletas sigan incorporando conceptos adicionales, más allá del servicio.
La decisión no es casual. En la provincia existe un esquema vigente que habilita a las empresas prestatarias a cobrar tributos locales a través de la factura de luz, respaldado por legislación propia y fallos judiciales. Cambiar ese sistema implicaría modificar una estructura de recaudación que involucra a municipios y otros actores.
Pero no es el único punto en discusión. El proyecto también excluye el artículo 71 de la ley nacional, que establece la responsabilidad solidaria de provincias y funcionarios ante deudas de las distribuidoras eléctricas en el mercado mayorista. La negativa busca evitar que el Estado provincial y sus autoridades queden expuestos a responder económicamente por incumplimientos de empresas.
Desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos sostienen que esa responsabilidad debe regirse por normas locales y no por disposiciones nacionales. El planteo apunta a preservar autonomía, pero también a limitar posibles costos políticos y financieros.
El proyecto llega al recinto sin dictámenes de comisiones clave, lo que anticipa un debate abierto. No solo por el contenido técnico, sino por lo que está en juego: quién paga, cómo se factura y hasta dónde llega la responsabilidad del Estado.
Detrás de una adhesión “parcial” se define mucho más que un marco legal. Se discute el modelo de gestión del servicio eléctrico y, sobre todo, el impacto real en cada factura que llega a los hogares salteños.
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