En una sesión cargada de tensiones, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que repudia la visita de legisladores de La Libertad Avanza a los militares condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
La tensión aumentó cuando el diputado Adrián Valenzuela solicitó una votación nominal, lo que llevó a la secretaría a nombrar a cada diputado para que emitiera su voto. La votación culminó con 49 votos a favor y uno en contra, el del diputado José Gauffin, quien fue el único que permaneció en la sesión para explicar su voto. El diputado aclaró que no es un negacionista del proceso militar, justificó su decisión de no firmar el dictamen de la comisión al argumentar que “los derechos humanos son universales”.
La diputada Mónica Juárez intervino al final de la votación, pidiendo que se aclarara quiénes eran los legisladores ausentes, ya que algunos habían decidido levantarse de sus bancas antes de votar. El presidente de la Cámara confirmó que los únicos ausentes con aviso eran Juan Esteban Romero, María Martínez, Federico Cañizares y Santiago Vargas, este último debido al fallecimiento de su padre.
Roque Cornejo Avellaneda y Griselda Galleguillos de Ahora y Patria, Sofía Sierra del PRO y Guillermo Durand Cornejo del bloque Conservador Popular se ausentaron del recinto a pesar de haber estado presentes desde el inicio de la sesión. Algunos de estos legisladores, como Sierra, regresaron a sus bancas después del debate.
La diputada Laura Cartuccia, al presentar el proyecto, enfatizó la importancia de confrontar el pasado: “Lo que ha ocurrido nos obliga a todos a mirar al pasado de frente”. Cartuccia criticó duramente la visita de los legisladores libertarios a los represores, describiéndola como una “puñalada a la memoria” de las víctimas del terrorismo de Estado. “Cada vez que existe un gesto hacia los genocidas se les está transmitiendo un mensaje a la juventud del país”, añadió, cuestionando si La Libertad Avanza pretende un país donde “la Justicia es negociable”.
El proyecto de repudio fue finalmente aprobado, subrayando el compromiso de la Cámara de Diputados con la memoria histórica y los derechos humanos.
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