La tensión por los desalojos en Las Pailas sumó un nuevo capítulo este fin de semana, luego de que una familia que no integraba la demanda judicial que originó el conflicto terminara siendo desplazada de su vivienda en el paraje San Gabriel, departamento Cachi.
Se trata de la familia Guzmán, cuyos integrantes aseguran que nunca fueron demandados, que no forman parte del grupo de comuneros involucrados en el litigio y que tampoco recibieron una intimación previa para abandonar el inmueble que ocupan desde hace años.
El caso introduce un elemento que podría profundizar la controversia alrededor del proceso: las acusaciones ya no apuntan únicamente al desalojo de las familias alcanzadas por la resolución judicial, sino a la eventual extensión de sus efectos sobre personas que, según sostienen distintos actores, no fueron parte del expediente.
El conflicto tiene origen en una causa civil impulsada por Florencia Wayar contra Agustín Mamaní, vinculada a la posesión y uso de tierras en el paraje Las Pailas. Sin embargo, referentes de la Comunidad Diaguita Kallchaki, abogados y dirigentes políticos sostienen que la ejecución de la medida terminó abarcando a otras familias que no estaban comprendidas en la orden original.
Entre ellas aparece la familia Guzmán, integrada por ocho personas, incluidos menores de edad, una persona con discapacidad y una adulta mayor.
El diputado provincial Miguel Plaza Schaefer presentó una acción de habeas corpus preventivo argumentando que los integrantes de esta familia nunca fueron incorporados al proceso judicial ni tuvieron oportunidad de ejercer su defensa.
Según el planteo presentado ante la Justicia, la orden de desalojo estaba dirigida a una situación específica y no alcanzaba a quienes no habían sido demandados formalmente.
Ese es precisamente el punto que hoy concentra las mayores críticas: la discusión ya no gira únicamente en torno a la propiedad de la tierra o a la condición de comunidad indígena, sino sobre los límites de una medida judicial y las responsabilidades de quienes decidieron su alcance.
Mientras tanto, continúan las repercusiones políticas, sociales y académicas. Organizaciones indígenas, sectores universitarios y referentes de derechos humanos cuestionaron lo ocurrido y reclamaron una revisión integral del procedimiento.
Con movilizaciones convocadas tanto en Cachi como en la ciudad de Salta, el conflicto de Las Pailas parece haber ingresado en una nueva etapa. Una etapa donde la discusión ya no se limita a la disputa por la tierra, sino que pone bajo la lupa las decisiones judiciales y administrativas que derivaron en los desalojos.
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