La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho condenados por el caso Vialidad no abonaron el decomiso de US$ 535 millones que la Justicia les impuso por corrupción en la obra pública.
Ante el incumplimiento, el Tribunal Oral Federal N° 2 evalúa rematar los bienes embargados, pero primero deberá resolver nuevos planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner.
La expresidenta apeló la intimación económica, cuestionó el monto calculado (más de 684 mil millones de pesos) y pidió suspender el decomiso, alegando que no hay sentencia firme. Además, reclamó la intervención de sus hijos, Máximo y Florencia, para evitar que se rematen bienes que recibieron como herencia.
Entre los bienes embargados figuran terrenos, hoteles, sociedades y USD 6 millones en efectivo. Cristina negó que su patrimonio sea producto del delito y afirmó que ya fue sobreseída en causas por enriquecimiento ilícito.
También presentaron objeciones el empresario Lázaro Báez y otros condenados, mientras que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a frenar el decomiso, argumentando que lo que se unificó en otras causas fueron las penas, no las sanciones económicas.
Ahora la decisión está en manos de la Cámara de Casación Penal, que debe resolver si suspende o no la ejecución. Cristina anticipó que, de ser necesario, llevará el caso a la Corte Suprema.
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