La disputa judicial por el destino del patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner entró en una etapa decisiva. Mientras la Cámara Federal de Casación Penal se prepara para resolver si confirma el decomiso de más de un centenar de propiedades vinculadas al caso, el tribunal que dictó la condena en la causa Vialidad avanzó con nuevas medidas y analiza ampliar el alcance de la incautación a más bienes y millones de dólares.
El proceso se desarrolla en la etapa de ejecución de la sentencia que condenó a la exmandataria por irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En ese fallo, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de bienes para recuperar el perjuicio económico causado al Estado, una cifra que ya fue actualizada y asciende a $684.990.350.139,86.
El debate por las propiedades de los hijos
El eje inmediato de la discusión judicial se centra en 111 bienes inmuebles que el tribunal ordenó decomisar para cubrir parte de ese monto. Entre ellos aparecen 19 propiedades en Santa Cruz registradas a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, lo que abrió un fuerte conflicto jurídico.
La decisión final sobre ese punto está ahora en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes analizan los recursos presentados por la defensa.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, representantes de la ex presidenta, cuestionaron la medida con dureza. Sostienen que avanzar sobre bienes de terceros sería “manifiestamente arbitrario y contrario a los principios constitucionales” que rigen la ejecución penal.
Según su planteo, el tribunal habría aplicado un criterio de “decomiso amplio” que no está previsto en el artículo 23 del Código Penal. De acuerdo con la defensa, esa interpretación permitiría afectar propiedades que no tienen relación directa con los delitos investigados, lo que transformaría el decomiso en una “confiscación encubierta”, prohibida por la Constitución.
También argumentaron que el monto total del decomiso todavía no está firme, ya que existen recursos pendientes ante la Corte Suprema.
La postura de la fiscalía
Desde la fiscalía sostienen una posición opuesta. El fiscal ante Casación Mario Villar recordó que la condena quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso forma parte de la ejecución del fallo para recuperar el dinero derivado de la maniobra de corrupción.
En su dictamen, Villar señaló que el decomiso es “un instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena”, especialmente en delitos complejos vinculados a corrupción estatal.
Para la fiscalía, limitar la recuperación de bienes implicaría que la sanción penal quede reducida a un castigo simbólico, sin reparar el daño económico causado al Estado.
Nuevo pedido por más bienes y dólares
Mientras Casación se prepara para resolver esa disputa, el Tribunal Oral Federal 2 analiza un nuevo pedido presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para ampliar el decomiso.
En esa presentación se identificaron 141 inmuebles, 46 vehículos y diversas sumas de dinero que, según la fiscalía, también deberían ser alcanzados por la ejecución de la sentencia.
Entre los bienes señalados aparecen 10 propiedades vinculadas a la empresa Los Sauces S.A. —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— además de tres inmuebles relacionados con la firma Hotesur S.A., sociedades asociadas a la familia Kirchner.
Uno de los inmuebles mencionados es el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple actualmente arresto domiciliario.
El dinero a nombre de Florencia Kirchner
Uno de los puntos más sensibles del nuevo pedido fiscal es el dinero que aparece registrado a nombre de Florencia Kirchner.
Los fiscales solicitaron avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta, junto a una suma menor en pesos. Todos esos fondos permanecen actualmente embargados por orden judicial.
Antes de tomar una decisión, el tribunal dispuso la realización de medidas de verificación para determinar la titularidad de los bienes y su eventual relación con las sociedades investigadas.
Una vez completadas esas diligencias, se dará intervención a las partes para que expongan sus argumentos.
Un proceso que puede escalar a la Corte
La definición sobre el decomiso de los bienes podría marcar un nuevo capítulo en la causa Vialidad. Si la Cámara de Casación confirma la decisión del tribunal oral, el conflicto judicial probablemente escale hacia la Corte Suprema de Justicia e incluso a instancias internacionales, tal como anticipó la defensa de la ex presidenta.
Por los montos involucrados, la cantidad de bienes en discusión y la relevancia política de los protagonistas, el proceso es considerado uno de los más complejos y significativos en la historia reciente de la Justicia argentina.
Mientras tanto, en los tribunales federales se sigue de cerca una cuenta regresiva judicial que definirá si parte del patrimonio de la familia Kirchner será finalmente rematado para reparar el perjuicio económico determinado en la condena por la causa Vialidad.
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