Desde hoy, entra en vigencia la Ley N° 8477, que establece la obligación de los conductores que provoquen accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol o drogas de cubrir los costos de su atención médica en el sistema público de salud de la provincia. La normativa fue promulgada mediante un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y publicada en el Boletín Oficial.
La medida, sancionada por la Legislatura, busca garantizar que las personas responsables de siniestros viales asuman las consecuencias económicas de su conducta. Según detallaron desde el Gobierno, el Ministerio de Salud Pública estará facultado para gestionar el cobro de estos costos a través de los organismos correspondientes.
La ley contempla que, en caso de que los involucrados acrediten insolvencia económica, deberán cancelar la obligación mediante la realización de servicios comunitarios. Además, establece que, si pasados 60 días de la facturación el pago no se efectúa o el servicio comunitario no se cumple, se emitirá un certificado de deuda con carácter de título ejecutivo.
Al respecto, el gobernador Gustavo Sáenz destacó: “Es fundamental que quienes conducen de manera irresponsable respondan no solo ante la ley, sino también ante el sistema de salud pública, que destina recursos significativos a la atención de estos casos”.
El mandatario subrayó que esta medida tiene como objetivo proteger el esfuerzo de los contribuyentes que sostienen el sistema de salud con sus impuestos. “No es justo que el dinero público destinado a la atención médica de todos los salteños se invierta en cubrir los costos de quienes actúan con imprudencia al volante”, sostuvo.
La Ley N° 8477 es parte de una serie de iniciativas promovidas por el Gobierno provincial para combatir la imprudencia vial y reducir el impacto económico que generan estos incidentes en el sistema público.
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