Dos médicos irán a juicio acusados de desviar equipos del Materno Infantil a una clínica privada

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) requirió la elevación a juicio de dos médicos acusados de haber sustraído equipamiento del Hospital Público Materno Infantil para utilizarlo en una empresa privada de neonatología.

La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio presentó la acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, a quienes atribuye el delito de peculado, al considerar que habrían aprovechado su condición de profesionales del servicio de Neonatología para retirar bienes públicos bajo custodia del hospital e incorporarlos al funcionamiento de una clínica privada de la que ambos eran socios.

Según la investigación, el equipamiento estatal habría sido utilizado con fines particulares, generando un beneficio económico para los acusados y afectando tanto el patrimonio público como el normal funcionamiento del sistema de salud.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la Dirección del Hospital Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud detectara indicios de que equipamiento perteneciente al hospital se encontraba en un establecimiento privado.

Durante la investigación se realizaron inspecciones, pericias, secuestros de equipos, análisis de documentación patrimonial y administrativa, además de numerosas declaraciones testimoniales.

Uno de los elementos centrales de la pesquisa fue el hallazgo de seis equipos médicos en el servicio de Neonatología de Neofénix, ubicado en una clínica privada de calle Alvarado, cuyos números de serie coincidían con los registrados por el Hospital Materno Infantil. Posteriormente, los equipos fueron restituidos por orden judicial.

En la misma presentación, la UDEC solicitó el sobreseimiento de otros dos imputados, al concluir que no existían elementos suficientes para vincularlos con los hechos investigados.

Para la Fiscalía, la maniobra investigada no solo habría perjudicado el patrimonio del Estado, sino que también comprometió los principios de transparencia, probidad y fidelidad que deben regir el desempeño de los funcionarios públicos.