Por qué colapsaron tantos edificios en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela el 24 de junio no sólo dejaron un dramático saldo de víctimas y destrucción. También instalaron una pregunta que todavía busca respuesta: ¿cómo fue posible que miles de edificios colapsaran en un país que dispone de normas antisísmicas relativamente recientes?

A una semana del desastre, el número de fallecidos supera las 2.200 personas, mientras continúan las tareas de rescate entre los escombros. Las estimaciones sobre los daños materiales también muestran la dimensión de la tragedia. Mientras el Gobierno venezolano informó que cientos de edificios resultaron afectados, análisis satelitales de la NASA elevan esa cifra a casi 60.000 construcciones con algún grado de impacto.

La explicación, según especialistas en ingeniería estructural y gestión del riesgo, no se encuentra en un único elemento. El colapso masivo fue consecuencia de una combinación de factores que actuaron al mismo tiempo y terminaron superando la capacidad de resistencia de muchas edificaciones.

Uno de los aspectos más determinantes fue el denominado "doblete sísmico". Se trata de un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de magnitud similar ocurren en un corto intervalo de tiempo y en una misma región. Según el ingeniero estructural Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, muchas construcciones pudieron soportar el primer movimiento, aunque con daños internos que debilitaron su estructura. El segundo sismo terminó provocando el colapso de numerosas edificaciones que ya habían perdido parte de su capacidad resistente.

A ese fenómeno se sumó otro elemento clave: ambos terremotos fueron superficiales. El segundo se originó a apenas diez kilómetros de profundidad, una característica que aumenta considerablemente la intensidad de las sacudidas en la superficie y, por lo tanto, el nivel de destrucción sobre viviendas e infraestructura.

La ubicación geográfica del país también jugó un papel determinante. Venezuela se encuentra sobre el contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, una zona con elevada actividad sísmica que históricamente ha registrado terremotos de gran magnitud.

Sin embargo, el debate más intenso gira en torno a las propias construcciones. Venezuela cuenta desde 2019 con la norma Covenin 1756-1, un reglamento que establece los criterios para diseñar y construir edificaciones capaces de resistir movimientos sísmicos. La normativa exige cimentaciones adecuadas, materiales certificados, estructuras reforzadas, controles permanentes durante la obra y supervisión técnica en todas las etapas de construcción.

El problema, sostienen los especialistas, es que una norma por sí sola no garantiza edificios seguros.

Una parte importante de las construcciones afectadas fue levantada antes de la entrada en vigencia de esa reglamentación y, por lo tanto, nunca incorporó los estándares actuales de resistencia sísmica. A eso se suma otro fenómeno ampliamente conocido en varios países de América Latina: la construcción informal y la falta de controles técnicos durante la ejecución de muchas obras.

Incluso el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela reconoció meses atrás que una cantidad significativa de edificaciones antiguas y construidas sin supervisión profesional no cumple con las exigencias de sismorresistencia previstas por la legislación vigente. La combinación de diseños deficientes, materiales de baja calidad y ausencia de controles incrementa considerablemente la vulnerabilidad frente a un terremoto.

Los daños registrados parecen confirmar ese diagnóstico. Mientras las autoridades continúan evaluando el estado de miles de edificios, organismos internacionales ya anticipan que la recuperación será larga y compleja. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que unos 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a los sismos y calculó pérdidas económicas cercanas a los 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del producto interno bruto del país.

La emergencia tampoco terminó con el cese de los grandes movimientos. Expertos advierten que persisten riesgos asociados a posibles réplicas, deslizamientos de tierra y acumulación de sedimentos en zonas montañosas, especialmente en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas.

Para los especialistas, la reconstrucción demandará varios años y requerirá algo más que reemplazar edificios derrumbados. El desafío será revisar la calidad del parque edilicio existente, reforzar las estructuras vulnerables y garantizar que las futuras construcciones cumplan efectivamente con las normas antisísmicas. La tragedia dejó en evidencia que contar con reglamentos modernos es indispensable, pero resulta insuficiente si no van acompañados de controles rigurosos, supervisión técnica y políticas sostenidas de prevención.