Nación adopta el cobro a extranjeros: Qué pasó en Salta tras dos años de aplicación

Lo que comenzó en Salta como una decisión para cobrar determinadas prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes terminó convirtiéndose en antecedente de una política que ahora avanza a nivel nacional.

El Gobierno nacional estableció restricciones al acceso gratuito al sistema público para extranjeros que no sean residentes permanentes, aunque mantiene garantizada la atención en situaciones de emergencia, cualquiera sea la condición migratoria.

En Salta, la medida comenzó a aplicarse en 2024. Pero, dos años después, el dato distintivo ya no está en la decisión sino en qué ocurrió con la demanda sanitaria de extranjeros, particularmente en los hospitales ubicados cerca de la frontera.

De miles de atenciones a una presencia mínima

El caso más marcado es el del hospital San Vicente de Paul de Orán.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, durante 2023 se habían contabilizado 31.561 atenciones a no residentes, con un costo estimado por la Provincia en $3.424 millones.

Tras la implementación del arancelamiento, la cantidad comenzó a caer significativamente. La Provincia sostiene que entre los períodos comparados de 2023 y 2024 la reducción en Orán llegó al 99%.

Los números correspondientes al primer semestre de 2026 muestran que la participación de extranjeros continúa siendo mínima: de 8.462 internaciones, solamente 14 correspondieron a pacientes extranjeros, es decir, el 0,17%.

La diferencia es todavía mayor en la atención ambulatoria. Sobre 89.578 consultas, apenas 46 fueron de extranjeros, equivalentes al 0,05%.

En Salvador Mazza, otro de los puntos sensibles por su ubicación fronteriza, el Gobierno provincial informó que se registró un solo turno formal para un extranjero durante todo el primer semestre.

El impacto también llegó a otros hospitales

La disminución no quedó circunscripta a Orán.

Los primeros resultados difundidos luego de la implementación mostraron bajas del 95% en Salvador Mazza, del 55% en el Hospital Materno Infantil y superiores al 42% en Tartagal.

Para el Gobierno salteño, esa reducción permitió descomprimir la demanda y destinar los recursos sanitarios disponibles a la población residente.

El sistema no impide, sin embargo, la asistencia ante una urgencia o emergencia. El criterio implementado apunta al recupero del costo de determinadas prestaciones brindadas a extranjeros no residentes.

Ambulancias financiadas con el ahorro

Uno de los argumentos utilizados por la Provincia para mostrar el impacto económico de la política fue la adquisición de ambulancias.

En julio de 2025, el Gobierno informaba que 27 unidades ya habían sido financiadas con el ahorro generado por el cobro de prestaciones a extranjeros, dentro de un plan que contemplaba alcanzar las 34 ambulancias.

La información oficial difundida ahora señala que el ahorro acumulado permitió completar el financiamiento de 34 unidades equipadas para los servicios de emergencia.

De Salta a una política nacional

La discusión que Salta abrió en 2024 adquirió posteriormente dimensión nacional.

La legislación migratoria vigente establece que los residentes permanentes pueden acceder al sistema público de salud en las mismas condiciones que los argentinos, mientras que para quienes no tengan esa condición el acceso fuera de las emergencias puede quedar sujeto a las condiciones establecidas por las jurisdicciones o establecimientos correspondientes. Las emergencias deben ser atendidas independientemente de la situación migratoria.

Para Salta, la decisión nacional vuelve a poner bajo análisis una experiencia que ya lleva dos años de aplicación.

Y los números muestran un cambio contundente en los hospitales de frontera: la presencia de extranjeros pasó de representar una demanda significativa a tener una incidencia marginal en las internaciones y consultas registradas actualmente en Orán y Salvador Mazza.