Aguas Blancas: Bagayeros bloquearon pasos fronterizos tras los saqueos

La tensión en Aguas Blancas y Bermejo continúa después de dos jornadas de protestas, enfrentamientos y saqueos que dejaron al descubierto una disputa por el transporte de mercaderías entre Argentina y Bolivia. Este miércoles, trabajadores de ambos lados de la frontera bloquearon pasos no habilitados para impedir el traslado de productos enviados por comerciantes mayoristas, mientras las autoridades argentinas reforzaron la seguridad y comenzaron a gestionar cambios en los controles aduaneros.

El conflicto tiene como protagonistas a los bagayeros y carreros, trabajadores que durante años sostuvieron buena parte del movimiento comercial fronterizo mediante el traslado de bultos y mercaderías.

La expansión de las ventas por redes sociales y de los servicios de encomiendas modificó ese circuito. Los comerciantes de Bermejo ahora pueden vender directamente a compradores argentinos y organizar el envío de sus productos sin recurrir a los transportistas tradicionales.

Ese cambio, sumado a la caída de las ventas y a las restricciones al movimiento informal de mercaderías, profundizó el malestar entre quienes dependen económicamente de esta actividad.

Bloqueos en los pasos no habilitados

Durante el miércoles, trabajadores argentinos y bolivianos decidieron impedir el paso de mercadería enviada por comerciantes mayoristas a través de caminos no habilitados.

La medida buscó afectar específicamente el circuito de distribución que, según denuncian, está desplazando a los bagayeros y carreros.

Zulma Fernández, referente de los trabajadores fronterizos de Bermejo, aseguró a medios bolivianos que las protestas se coordinaban con sus pares argentinos.

También advirtió que impedirían el ingreso de mercadería enviada por los mayoristas y que los productos podrían ser decomisados por los manifestantes.

Fernández aclaró que permitirían continuar trabajando a los transportistas tradicionales de ambos países que habitualmente utilizan esos pasos.

La protesta incluyó quema de neumáticos y el incendio de un vehículo en Bermejo, cuyas circunstancias todavía se intentaban esclarecer.

El bloqueo de caminos no habilitados muestra una particularidad del conflicto: los propios trabajadores que utilizan esos circuitos informales buscan restringir su uso a otros operadores comerciales.

Saqueos y refuerzo policial

Los episodios más graves ocurrieron el martes, cuando una protesta iniciada durante la mañana derivó en ataques contra dos empresas vinculadas al transporte de encomiendas.

Según informó el comisario Cristian Aguilera, de la Dirección de Prensa de la Policía de Salta, alrededor de las 14 un grupo de aproximadamente 50 personas ingresó a dos establecimientos comerciales y sustrajo mercadería y otros elementos.

Las empresas afectadas fueron identificadas como Andreani y Flecha Carga.

La Policía recuperó numerosos bultos, impresoras, computadoras y una motocicleta que se encontraba entre los productos transportados.

De acuerdo con el informe policial, los efectivos lograron restablecer el orden después de aproximadamente una hora y media de intervención.

Al momento de brindar esa información, Aguilera indicó que no se habían registrado policías lesionados ni se habían comunicado detenciones relacionadas con los hechos.

Ante la posibilidad de nuevos incidentes, las autoridades provinciales dispusieron el traslado de unos 50 efectivos de Infantería desde Salta capital.

El operativo preventivo se concentró en las inmediaciones de las empresas atacadas, otros sectores considerados sensibles y la sede de la Municipalidad de Aguas Blancas, donde también se registraron manifestaciones.

Durante el miércoles, unas 30 personas volvieron a concentrarse cerca de los establecimientos afectados.

El reclamo contra las empresas de encomiendas

El principal pedido de los trabajadores fronterizos es el cierre de las casas de encomiendas que participan del traslado de mercaderías desde Bolivia.

Los manifestantes consideran que estas empresas se benefician de una modalidad comercial que reduce la intervención de bagayeros y carreros.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aclaró que esa posibilidad no está siendo considerada por las autoridades municipales.

Explicó que se trata de empresas comerciales habilitadas y que no corresponde disponer su cierre por el reclamo de otros sectores.

En cambio, planteó la necesidad de establecer controles equivalentes para los distintos operadores que transportan mercadería.

Según Zigarán, los pequeños transportistas deben afrontar demoras y procedimientos que no siempre se aplicarían de la misma manera a colectivos de compras, camiones de encomiendas y otros vehículos de mayor porte.

El funcionario denunció que algunos de esos transportes atravesarían el Puesto de Control 28 de Julio sin someterse a las revisiones que deben cumplir los trabajadores locales.

Se trata de una situación denunciada por el interventor, no de una irregularidad cuya existencia haya sido establecida judicialmente.

La propuesta para modificar los controles

Después de una reunión con representantes de bagayeros, autoridades municipales, la Policía provincial, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, Zigarán anunció que elevará una propuesta al Gobierno nacional.

La iniciativa contempla que, durante un período inicial de 15 días, los tours de compras, los colectivos interurbanos y los camiones de encomiendas sean derivados obligatoriamente al escáner de Aduana ubicado en el Área de Control Integrado, sobre la ruta nacional 50.

El objetivo es utilizar la infraestructura aduanera existente para controlar las cargas comerciales y aliviar la congestión del Puesto 28 de Julio de Gendarmería.

Según la propuesta, ese puesto concentraría prioritariamente sus tareas en la prevención y el combate contra el narcotráfico.

Zigarán explicó que el escáner del Área de Control Integrado está destinado al control de mercaderías, mientras que el equipamiento del Puesto 28 tiene como función principal la detección de drogas.

La Municipalidad también gestionará la instalación definitiva de un escáner de camiones en el Puesto 28, con personal de Aduana y Gendarmería Nacional.

El pedido será dirigido a las autoridades nacionales de Seguridad, Gendarmería y Aduana. Además, se realizará una presentación ante el fiscal federal Marcos Romero.

El interventor recordó que en septiembre ya había advertido por escrito sobre situaciones que consideraba irregulares en el funcionamiento de los controles.

Por ahora, las medidas constituyen una propuesta municipal y requieren la intervención de organismos nacionales para su implementación.

Acuerdos del lado boliviano

En Bermejo también comenzaron las gestiones para atender los reclamos de los trabajadores fronterizos.

El Comité Cívico de esa ciudad firmó el 11 de noviembre un acta de compromisos que incluye medidas vinculadas con los controles aduaneros, el transporte vecinal, la contratación de personal y el equipamiento.

Uno de los puntos es avanzar en la emisión de la Tarjeta Vecinal Fronteriza.

Representantes del Comité Cívico y asambleístas tienen previsto reunirse el 17 de noviembre en Tarija para gestionar su implementación.

El acuerdo también contempla trabajar en la flexibilización y actualización de los montos del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Mercancías.

Además, se estableció la contratación temporal de cuatro profesionales de Bermejo entre el 20 de noviembre y el 20 de febrero de 2027, junto con gestiones para incorporar equipamiento y recursos humanos.

Las partes fijaron una nueva reunión para el 15 de enero de 2027, cuando evaluarán el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Una economía fronteriza que cambió

El conflicto de Aguas Blancas y Bermejo no comenzó con los saqueos del martes.

Semanas atrás ya se habían registrado enfrentamientos entre carreros bolivianos y argentinos, en medio de acusaciones por la ocupación de espacios de trabajo y la competencia por el traslado de mercaderías.

La situación se agravó con el crecimiento de las ventas directas desde Bermejo mediante Facebook, WhatsApp y otras plataformas digitales.

Los compradores argentinos pueden adquirir productos sin viajar a Bolivia y recibirlos mediante servicios de encomiendas. Para los comerciantes, el sistema facilita las ventas y la distribución. Para los trabajadores tradicionales, significa perder una parte del transporte que antes realizaban.

A esa transformación se suman las restricciones comerciales y los controles sobre el movimiento de mercadería, que también afectan la actividad fronteriza.

La protesta expresa un reclamo por fuentes de trabajo, pero los saqueos, las amenazas de decomiso y el bloqueo de pasos no habilitados plantean problemas de seguridad y legalidad que no quedan resueltos por la situación económica de los manifestantes.

Las autoridades intentan ahora atender las diferencias denunciadas en los controles sin impedir la actividad de empresas habilitadas ni desplazar las funciones de los organismos nacionales.

La recuperación de parte de los bienes robados y el refuerzo policial permitieron contener los incidentes inmediatos. La propuesta de reorganizar los controles y los acuerdos alcanzados en Bermejo todavía deben traducirse en medidas efectivas.

Mientras tanto, el problema que originó las protestas permanece: el comercio fronterizo está cambiando y los trabajadores que históricamente vivieron del traslado de mercaderías reclaman un lugar en ese nuevo circuito.