Polémica por la contratación para cobrar a obras sociales: Se hará una licitación

La contratación de una empresa privada para recuperar las deudas de las obras sociales con los hospitales públicos de Salta abrió una controversia sobre el procedimiento elegido, los costos del servicio y la posibilidad de que el propio Estado se encargue de las gestiones.

En entrevistas con Interactiva Noticias, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, defendió la decisión de recurrir a una firma externa y anunció que se avanzará con un proceso licitatorio. Por su parte, la diputada provincial Laura Cartuccia cuestionó que no se hubiera convocado previamente a otros prestadores y planteó la necesidad de aprovechar los recursos profesionales del Ministerio.

En el centro de la discusión aparece Gestión Integral del Norte SRL, una empresa vinculada al exministro provincial Rubén Fortuny, cuya propuesta fue presentada mediante el régimen de iniciativa privada.

Mangione: “Yo pago cuando me cobren”

El ministro explicó que la modalidad de remuneración fue determinante para aceptar la propuesta de la empresa.

"Yo lo que pretendía es: yo pago cuando me cobren. Y no por adelantado", sostuvo.

Según explicó, la firma percibirá sus honorarios únicamente cuando consiga recuperar efectivamente dinero adeudado a los hospitales.

"Nos va bien, nos va bien al Estado y a la empresa. Nos va mal, nos va mal al Estado y a la empresa", afirmó.

Mangione aseguró que anteriormente había recibido propuestas que contemplaban pagos fijos, independientemente de los resultados, una condición que no consideró conveniente para la Provincia.

Su argumento es que el sistema sanitario necesita recuperar recursos sin asumir desembolsos anticipados por gestiones que podrían no traducirse en ingresos.

Cartuccia cuestionó la contratación privada

La diputada provincial Laura Cartuccia planteó reparos sobre la decisión de tercerizar el recupero de las deudas.

"¿No se puede armar una oficinita, una estructura administrativa y jurídica capaz de hacerlo?", preguntó durante su entrevista con Interactiva Noticias.

La legisladora consideró que el Ministerio de Salud cuenta con abogados, contadores y otros profesionales que podrían realizar los reclamos sin necesidad de contratar una empresa externa.

"Yo creo que en el Ministerio hay gente muy capacitada para poder hacerlo", sostuvo.

También planteó que, si se opta por recurrir al sector privado, debería garantizarse la participación de distintos estudios jurídicos.

"Más allá de ser mediante iniciativa privada, lo que se debe hacer es llamar a licitación", afirmó.

Su cuestionamiento no apunta a impedir el recupero de las deudas, sino a discutir si el mecanismo elegido es el más conveniente para el Estado.

“Lo intenté y no pudimos”, respondió Mangione

Consultado sobre la posibilidad de organizar el recupero de costos con personal del propio Ministerio, Mangione aseguró que ya había intentado implementar ese mecanismo.

"Es que lo intenté y no pudimos", respondió.

El funcionario explicó que, si bien la cartera sanitaria cuenta con abogados, muchos de ellos tienen otras responsabilidades y no pueden dedicarse exclusivamente a las cobranzas.

"En el Estado tengo un montón de abogados, pero también esos abogados tienen un montón de trabajo que no tiene nada que ver con la recobranza", señaló.

Agregó que tampoco dispone de presupuesto para contratar un equipo de diez abogados que se ocupe específicamente de esa tarea.

Mangione recordó su experiencia al frente del Hospital Materno Infantil, donde aseguró haber logrado avances en materia de facturación y recupero de costos. Sin embargo, sostuvo que las nuevas herramientas legales disponibles permiten avanzar con mayor eficacia en los reclamos judiciales.

La vinculación con el exministro Rubén Fortuny

Otro de los puntos cuestionados fue la vinculación de la empresa con Rubén Fortuny, quien se desempeñó como ministro de Trabajo durante la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Mangione reconoció esa relación empresarial, pero negó que existiera un vínculo personal que hubiera influido en la decisión.

"Al doctor Fortuny lo conocí cuando se presentó, porque ni siquiera tengo ninguna relación de amistad ni nada por el estilo", aseguró.

El ministro sostuvo que la propuesta fue la única que recibió bajo las condiciones que pretendía para recuperar las deudas.

Cartuccia, por su parte, consideró que la presentación mediante iniciativa privada no debería impedir que otros prestadores tengan la posibilidad de competir.

La diputada también expresó reparos sobre los antecedentes de la firma. Según relató, el ministro le había mencionado experiencias de trabajo en Jujuy, pero ella planteó la necesidad de conocer resultados concretos que permitan evaluar su desempeño.

Mangione anunció una licitación

Uno de los anuncios centrales del ministro fue que la contratación tendrá carácter transitorio y que se avanzará con un procedimiento licitatorio.

"Esto va a durar seis a ocho meses, porque inicio el proceso licitatorio", explicó.

Mangione justificó la decisión de comenzar con una contratación temporal en la urgencia por recuperar fondos.

"Yo quiero cobrar ahora, no puedo esperar ocho meses", enfatizó.

De acuerdo con su explicación, la empresa podrá iniciar las gestiones mientras se desarrolla el proceso administrativo destinado a seleccionar al prestador que continuará con el servicio.

La diferencia con el planteo de Cartuccia está precisamente en el momento de realizar esa convocatoria: mientras la diputada reclama una licitación abierta desde el comienzo, Mangione sostiene que esperar su finalización implicaría demorar el ingreso de recursos necesarios para los hospitales.

Las cifras detrás de la controversia

El ministro describió un escenario de importantes dificultades para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a pacientes que cuentan con cobertura de obras sociales.

Durante la entrevista afirmó que un informe de la Sindicatura General había estimado pérdidas cercanas a los 110.000 millones de pesos anuales vinculadas con la atención de afiliados de obras sociales.

También señaló que el sistema sanitario recupera actualmente apenas alrededor del 12% de lo facturado.

Entre las entidades con deudas mencionó a OSPRERA, la obra social del personal rural.

Mangione sostuvo que la posibilidad de avanzar con reclamos judiciales constituye una herramienta fundamental para mejorar la recaudación y recuperar dinero que debería destinarse a la atención sanitaria.

Cartuccia coincidió en la necesidad de cobrar esos fondos, aunque insistió en que el procedimiento elegido debe garantizar transparencia y permitir evaluar distintas alternativas.

Los resultados definirán el alcance de la contratación

Más allá de las posiciones expresadas por Mangione y Cartuccia, quedan aspectos relevantes para conocer: el porcentaje que percibirá la empresa sobre los montos recuperados, las condiciones definitivas del acuerdo, los mecanismos de control y el cronograma concreto de la licitación anunciada.

También será necesario determinar cuánto dinero logra recuperar la firma y qué proporción de esos recursos termina ingresando efectivamente a los hospitales públicos.

Las entrevistas dejaron dos posiciones diferenciadas. Mangione sostiene que necesita comenzar a cobrar de inmediato y que el Estado solo pagará si obtiene resultados. Cartuccia reclama que se garantice una selección abierta y se evalúe la capacidad del propio Ministerio para realizar esa tarea.

La licitación anunciada será una instancia clave para establecer las condiciones de continuidad del servicio y permitir que otros interesados presenten sus propuestas.

Mientras tanto, el resultado de la contratación transitoria deberá medirse en una cuestión concreta: cuánto dinero logra recuperar la Provincia, cuánto cuesta esa gestión y qué recursos vuelven efectivamente al sistema público de salud.