La sala de tuberculosis no puede funcionar por falta de margen económico

Hay una sala destinada a la atención de pacientes con tuberculosis, pero todavía no puede funcionar. No se trata de la falta de infraestructura, sino de los recursos necesarios para incorporar a los trabajadores que permitan ponerla en servicio.

Así lo reconoció el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, durante una entrevista con Interactiva Noticias, en la que expuso las dificultades presupuestarias que enfrenta su cartera para sostener y ampliar las prestaciones sanitarias.

La declaración adquiere particular importancia en un contexto en el que se confirmaron casos de tuberculosis en establecimientos penitenciarios de la provincia y se implementaron medidas de aislamiento preventivo para evitar nuevos contagios.

Una sala que no puede recibir pacientes

Mangione explicó que la falta de recursos para contratar personal le impide habilitar una nueva sala destinada a la atención de la tuberculosis.

La situación refleja uno de los problemas que el funcionario viene planteando: disponer de instalaciones y equipamiento no alcanza si el sistema sanitario no cuenta con los profesionales y trabajadores necesarios para utilizarlos.

Su declaración se produjo en el marco de los reclamos por mayores recursos para el área de Salud, que también expuso ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Mangione sostuvo que el porcentaje del presupuesto provincial destinado históricamente a su cartera, cercano al 18%, resulta insuficiente frente al crecimiento de la demanda de atención.

También señaló que el sistema debe afrontar la incorporación de personal, la regularización de trabajadores y la ampliación de servicios, tanto en la capital como en el interior provincial.

Tuberculosis en las cárceles: Mangione habló de controles sanitarios

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los controles de tuberculosis y otras enfermedades transmisibles en los establecimientos penitenciarios.

El tema cobró relevancia pública después de que se conocieran casos de tuberculosis entre personas privadas de la libertad, situación que motivó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La fiscal penal Claudia Geria inició actuaciones de oficio el 14 de octubre, a partir de publicaciones periodísticas que alertaron sobre posibles casos de la enfermedad en establecimientos de detención.

El objetivo de la investigación es verificar la situación sanitaria, determinar la existencia de personas con diagnóstico confirmado y conocer qué medidas de prevención y atención médica se implementaron.

Para ello, la Fiscalía solicitó informes a la Alcaidía General, tanto en su sección masculina como femenina, y a las unidades carcelarias 1 y 4.

La documentación recibida durante las actuaciones confirmó la existencia de casos de tuberculosis y dio cuenta de las medidas sanitarias adoptadas.

Cuarenta internos dejaron el aislamiento preventivo

En medio de esa investigación, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que 40 internos de la sección masculina de la Alcaidía General finalizaron su aislamiento preventivo, luego de las evaluaciones médicas correspondientes.

La novedad fue comunicada oficialmente a la Fiscalía de Derechos Humanos el jueves 22 de octubre.

Los internos habían permanecido aislados por haber mantenido contacto estrecho con personas diagnosticadas con tuberculosis.

La información se sumó a un antecedente incorporado previamente a la investigación: otros 21 internos habían finalizado su aislamiento preventivo el 16 de octubre, también después de los controles sanitarios respectivos.

El levantamiento de estas medidas representa una evolución favorable para las personas que permanecían aisladas, pero no significa que hayan concluido los tratamientos o el seguimiento médico de quienes tienen diagnóstico confirmado.

Tampoco implica el cierre de la investigación judicial.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación

La fiscal Claudia Geria dispuso recibir declaraciones testimoniales de profesionales vinculados con la atención sanitaria penitenciaria y solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) para reunir antecedentes médicos y otros elementos de interés.

Las actuaciones buscan establecer si las condiciones sanitarias y las medidas de atención y prevención resultan adecuadas para proteger la salud de las personas privadas de la libertad.

La investigación continúa mientras se analiza la documentación remitida por las autoridades penitenciarias.

El presupuesto, detrás de una dificultad concreta

La imposibilidad de habilitar la sala de tuberculosis expone una consecuencia concreta de las restricciones presupuestarias que Mangione viene señalando.

La atención de enfermedades transmisibles requiere capacidad de diagnóstico, seguimiento médico, personal capacitado y espacios adecuados para tratar a los pacientes cuando su situación lo exige.

En ese escenario, la disponibilidad de una nueva sala representa una posibilidad de ampliar la atención, pero su funcionamiento depende de contar con los recursos humanos necesarios.

La situación penitenciaria y la sala mencionada por el ministro son cuestiones diferentes: no se informó que esa instalación esté destinada específicamente a las personas privadas de la libertad ni que exista una relación directa entre su falta de funcionamiento y los casos investigados en la Alcaidía.

Sin embargo, ambos hechos ponen en primer plano la importancia de contar con servicios sanitarios capaces de responder ante la tuberculosis.

Mientras la Fiscalía continúa verificando las condiciones de atención en los establecimientos penitenciarios, Mangione reconoce que Salud dispone de una sala que todavía no puede poner en funcionamiento por falta de recursos para contratar personal.

Una dificultad que lleva la discusión presupuestaria a un terreno concreto: no solamente cuánto dinero necesita el sistema sanitario, sino qué prestaciones permanecen pendientes porque todavía no cuenta con los trabajadores necesarios para brindarlas.