Ley de Tierras: La Corte acelera un nuevo fallo

La Corte Suprema de Justicia aceleró los tiempos para resolver un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras y podría volver a modificar el escenario legal de la compra de campos por parte de extranjeros. Este miércoles redujo de 72 a 24 horas el plazo que tienen las partes para recusar a los conjueces designados para intervenir en el expediente.

La decisión llega apenas una semana después de que el propio tribunal revocara una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

Aquel fallo permitió que la derogación recuperara efectos, pero ahora la Corte tiene pendiente un pedido de medida cautelar que, si prospera, podría restablecer provisoriamente las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Dos jueces más para destrabar la decisión

La Corte está integrada actualmente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero sus integrantes no lograron reunir los tres votos necesarios para resolver cómo continuar con el nuevo planteo.

Por ese motivo fueron sorteados dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Ambos aceptaron la designación. Este miércoles, a las 19.09, la Secretaría del tribunal notificó que el plazo para formular recusaciones quedaba reducido a 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles.

La medida permitirá que la integración del tribunal quede definida más rápidamente, aunque eso no significa que el fallo deba conocerse necesariamente al vencimiento de ese plazo.

Según la información publicada por LA NACION, las diferencias estarían entre Rosenkrantz, por un lado, y Rosatti y Lorenzetti, por otro. No existe, sin embargo, una decisión formal que permita anticipar cómo votará cada magistrado.

Por qué la Corte debe volver a intervenir

El nuevo planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

Los demandantes habían iniciado una acción colectiva contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Ahora solicitaron que la Corte aclare si su reciente fallo también afecta ese expediente.

La diferencia es jurídica y puede resultar decisiva.

La semana pasada, el máximo tribunal revocó una sentencia favorable al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) porque consideró que esa entidad no tenía legitimación para promover la demanda en los términos en que lo había hecho.

Pero la asociación ambientalista, las comunidades indígenas y Odarda sostienen que su presentación tiene fundamentos distintos: invocan la protección del ambiente, los derechos colectivos y la defensa de los territorios ancestrales.

Por eso reclaman que su causa sea examinada de manera independiente.

Qué podría resolver el tribunal

La Corte tiene distintas alternativas. Una es devolver el expediente a los tribunales federales donde se inició para que continúe su trámite.

La otra, de mayor impacto inmediato, sería analizar directamente el pedido de medida cautelar. Si la concede, las restricciones a la compra de tierras por extranjeros podrían volver a regir mientras se discute la cuestión de fondo.

Se trataría de una intervención excepcional, que requeriría justificar la urgencia y el cumplimiento de los requisitos legales para adoptar una medida provisoria.

La decisión también tiene consecuencias políticas. Tras el fallo anterior, sectores de la oposición anunciaron que buscarán tratar en el Congreso el rechazo de todo el DNU 70/2023, y no solamente de la disposición que eliminó la Ley de Tierras.

La discusión adquirió especial relevancia en provincias como Salta, donde la concentración y extranjerización de tierras rurales forma parte de un debate que involucra el acceso a recursos naturales, las zonas fronterizas y los derechos de las comunidades.

La Corte todavía no resolvió si corresponde restablecer las restricciones. Lo que sí hizo fue acelerar el procedimiento para quedar en condiciones de pronunciarse.

La cuestión de fondo sigue abierta: si la derogación de la Ley de Tierras puede mantenerse o si debe suspenderse mientras la Justicia analiza los derechos que los demandantes consideran afectados.