Vittar seguirá en la Corte hasta 2036

Sergio Fabián Vittar recibió un nuevo acuerdo del Senado provincial para continuar como juez de la Corte de Justicia de Salta durante otros diez años. De completar el período, llegará a 2036 con casi 28 años de permanencia en el máximo tribunal, al que ingresó en noviembre de 2008.

La aprobación se produjo el jueves 12 de noviembre, durante una sesión especial en la que volvió a discutirse el alcance de la reforma constitucional de 2021.

El senador por Capital Roque Cornejo fue el único legislador que rechazó la designación. Su objeción se centró en el artículo 156 de la Constitución provincial, que establece que los jueces de Corte duran diez años en sus funciones y no pueden ser nombrados nuevamente.

La mayoría del Senado respaldó una interpretación diferente: los mandatos iniciados antes de la reforma no deben computarse dentro del nuevo régimen.

Una continuidad que comenzó en 2008

Vittar llegó a la Corte en noviembre de 2008, después de haber ocupado cargos políticos en la Municipalidad y en la Legislatura provincial.

Fue concejal de la ciudad de Salta entre 1997 y 2001 y diputado provincial entre 2001 y 2008. También ejerció como prosecretario del Senado.

Su primer acuerdo para integrar la Corte fue otorgado el 13 de noviembre de 2008. Posteriormente recibió nuevos acuerdos en noviembre de 2014 y noviembre de 2020.

El último de ellos fue aprobado por unanimidad y estableció su continuidad para el período 2020-2026.

El 14 de octubre de este año, el gobernador Gustavo Sáenz firmó el Decreto 682/2026 para iniciar un nuevo procedimiento de designación.

La postulación recibió 2.625 adhesiones personales, 15 opiniones favorables y una observación fundada, que fue respondida por el magistrado.

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado evaluó sus antecedentes y emitió dictamen favorable.

La Constitución dice que no pueden ser nombrados nuevamente

El debate tiene su origen en una modificación aprobada por la Convención Constituyente en diciembre de 2021.

Hasta entonces, el régimen provincial permitía renovar los mandatos de los integrantes de la Corte.

La reforma estableció un período de diez años y eliminó expresamente la posibilidad de una nueva designación.

La disposición quedó incorporada al artículo 156 de la Constitución y fue aprobada por 42 votos afirmativos y tres negativos.

El propósito declarado por distintos convencionales fue limitar la permanencia de los magistrados en el máximo tribunal.

Durante el debate de 2021, la Comisión de Poder Judicial había anunciado un acuerdo político para establecer mandatos de diez años sin posibilidad de continuidad.

Cinco años después, la discusión gira alrededor de un punto que el texto constitucional no resolvió expresamente: cómo aplicar ese límite a quienes ya estaban en funciones cuando entró en vigencia la reforma.

Dos interpretaciones enfrentadas

Roque Cornejo sostuvo que la prohibición constitucional impide volver a nombrar a Vittar, independientemente de que sus acuerdos anteriores hayan sido otorgados bajo otro régimen.

“Creo yo que el Senado está avanzando en contra de la Constitución”, afirmó durante la sesión.

El senador Jorge Soto defendió la posición contraria. Recordó que participó de la Convención Constituyente y sostuvo que los mandatos en curso al momento de la reforma no debían considerarse como el primero del nuevo sistema.

Para fundamentarlo, mencionó las intervenciones de los convencionales Pamela Calletti y Roberto Gramaglia.

Soto aseguró que, bajo ese criterio, Vittar se encontraba habilitado para recibir un nuevo acuerdo.

La discusión no se limita a una diferencia política. Existe también un antecedente judicial relevante.

En la causa Mariño, la Corte de Justicia de Salta interpretó que los mandatos y cargos periódicos que estaban en curso cuando entró en vigencia la reforma de 2021 no deben computarse para aplicar los nuevos límites constitucionales.

El fundamento fue que la Convención no incorporó una cláusula transitoria que dispusiera expresamente lo contrario.

Esa interpretación constituye un respaldo jurídico para la posición defendida por la mayoría del Senado, aunque no elimina las objeciones planteadas sobre el alcance de la prohibición de nuevos nombramientos.

Una práctica que alcanza a otros jueces

El caso de Vittar forma parte de una serie de decisiones similares.

En 2024, el Senado aprobó un nuevo acuerdo para Teresa Ovejero Cornejo. En mayo de 2025 hizo lo mismo con Pablo López Viñals.

El 4 de junio de 2026 también otorgó nuevos acuerdos a María Alejandra Gauffín y Adriana María Rodríguez Faraldo.

Todas estas decisiones se produjeron después de la reforma constitucional y alcanzaron a magistrados que ya integraban la Corte.

La reiteración de nombramientos muestra que la interpretación sobre los mandatos anteriores a 2021 se convirtió en el criterio aplicado por los poderes Ejecutivo y Legislativo para resolver la continuidad de los jueces.

El caso de Vittar vuelve a colocar esa interpretación en discusión porque permite proyectar una permanencia de casi tres décadas en el máximo tribunal provincial.

El perfil del magistrado

Vittar se recibió de abogado en la Universidad Católica de Salta en 1987 y ejerció la profesión de manera independiente hasta su incorporación a la Corte.

Durante su trayectoria judicial estuvo vinculado con la digitalización de expedientes y la capacitación de magistrados y funcionarios.

Supervisa la Dirección de Tecnología e Innovación del Poder Judicial, participa en la conducción académica de la Escuela de la Magistratura y ocupó la vicepresidencia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.

Esos antecedentes fueron destacados por el senador Juan Cruz Curá al fundamentar el dictamen favorable de la comisión.

Con el nuevo acuerdo aprobado, Vittar queda habilitado para continuar en la Corte por otro período de diez años.

La decisión del Senado cierra el trámite legislativo, pero mantiene abierto el debate sobre una reforma que buscó limitar la permanencia de los jueces y cuya aplicación a los magistrados designados antes de 2021 continúa generando interpretaciones contrapuestas.