Zigarán sospecha que financiaron las protestas en Aguas Blancas

La calma comenzó a regresar a Aguas Blancas después de los saqueos y las protestas que paralizaron sectores de la frontera con Bolivia. Sin embargo, el interventor Adrián Zigarán planteó una sospecha que abre un nuevo interrogante sobre los episodios de violencia: quién sostuvo a los grupos que permanecieron durante varios días en la zona del río Bermejo.

En una entrevista con Interactiva Noticias, Zigarán afirmó que entre los manifestantes había personas provenientes de Orán y sugirió que su permanencia durante dos o tres días pudo haber contado con algún tipo de apoyo económico.

“Esta gente de Orán estuvo dos, tres días viviendo a la orilla del río y alguien paga eso, no es gratis, digamos, esos apoyos”, sostuvo.

El interventor no identificó a las personas que supuestamente habrían aportado recursos ni explicó si cuenta con información que permita comprobar esa sospecha. Tampoco atribuyó formalmente la organización de los saqueos a un grupo determinado.

Su preocupación, según explicó, responde a la complejidad de los intereses que conviven en la frontera, donde el transporte informal de mercaderías, el contrabando y las nuevas modalidades de comercialización generan disputas cada vez más intensas.

Quiénes estuvieron detrás de los saqueos

Zigarán aseguró que la Policía de Salta trabaja en la identificación de quienes participaron de los ataques a las empresas de encomiendas. Uno de los establecimientos afectados cuenta con cámaras de seguridad, aunque el funcionario señaló que varios de los involucrados actuaron encapuchados.

“Nosotros no vamos a tolerar saqueos, ni actos vandálicos, ni nada, ningún delito”, advirtió.

El interventor distinguió entre los trabajadores que participaron de los reclamos y quienes pudieron haber promovido los hechos de violencia. Contó que mantuvo una reunión con cinco representantes, tres de Orán y dos de Aguas Blancas, pero expresó sus dudas sobre la pertenencia de los responsables de los incidentes a esos mismos grupos.

“Para mí los incidentes los generan otras personas que vienen de afuera, vienen de Orán”, afirmó.

También mencionó que, del lado boliviano, se registraron hechos violentos y la quema de dos camionetas en medio de disputas vinculadas con el transporte de mercaderías.

Las afirmaciones sobre el origen de los participantes y sus posibles motivaciones corresponden a la evaluación de Zigarán. La investigación policial deberá determinar las responsabilidades individuales.

La advertencia sobre el narcotráfico

Durante la entrevista, el interventor fue más allá de la competencia entre transportistas y empresas de encomiendas.

“En todos estos problemas está metido el narcotráfico también”, sostuvo, aunque no precisó qué organizaciones o personas estarían involucradas ni aportó elementos que vinculen esa actividad con los saqueos recientes.

Zigarán señaló que observará la evolución de la situación durante los próximos días y recordó otro episodio que ahora le genera inquietud: el incendio que afectó a Flecha Carga aproximadamente un mes antes de los incidentes.

Explicó que inicialmente se consideró que podía tratarse de un accidente, pero que la sucesión de hechos violentos le hizo reconsiderar esa posibilidad.

No obstante, no afirmó que el incendio haya sido intencional ni que exista una relación comprobada con las protestas.

El conflicto económico detrás de la violencia

Para Zigarán, las tensiones no pueden explicarse únicamente por los saqueos. Aseguró que Aguas Blancas atraviesa una transformación del comercio fronterizo que está desplazando a los trabajadores tradicionales.

Según relató, cuando llegó a la localidad había cinco carros dedicados al transporte de mercaderías. En el último desfile cívico, esa cantidad había crecido hasta aproximadamente 500.

El interventor atribuyó ese incremento a la llegada de trabajadores de Orán, otras localidades cercanas y Bolivia, empujados por la falta de empleo y la necesidad de obtener ingresos diarios.

Al mismo tiempo, los comerciantes mayoristas bolivianos comenzaron a utilizar las ventas por internet y los servicios de encomiendas para hacer llegar sus productos a compradores argentinos, sin recurrir necesariamente a los bagayeros que tradicionalmente trasladaban la mercadería.

El resultado, según su descripción, es una competencia por un volumen de trabajo que ya no alcanza para todos.

“La crisis tanto de Bolivia como de Argentina pega fuerte acá en la zona”, explicó.

Zigarán descartó que los incidentes respondan principalmente a una disputa electoral. Consideró que se trata de un conflicto de supervivencia económica, agravado por los cambios en la comercialización y por la falta de reglas que se apliquen de manera uniforme.

La denuncia por los controles desiguales

El interventor también cuestionó el funcionamiento del Puesto 28 de Julio, donde, según denunció, los transportistas de Aguas Blancas reciben un tratamiento diferente al de algunas empresas.

Señaló particularmente a San Antonio, a la que atribuyó entre 20 y 30 recorridos diarios transportando pasajeros y mercaderías sin controles equivalentes a los que se aplican a los trabajadores locales.

Mientras tanto, aseguró, los transportistas de Aguas Blancas deben esperar durante horas, descargar sus vehículos, pasar la mercadería por el escáner y volver a cargarla.

Zigarán dijo que en septiembre presentó esta situación ante un fiscal federal y vinculó esas diferencias con el malestar acumulado que precedió a los hechos de violencia.

Se trata de denuncias del interventor que requieren corroboración por parte de los organismos responsables de los controles.

El pedido que llevará a Aduana

Después de las reuniones con los sectores involucrados, Zigarán anunció que solicitará a Aduana y a otros organismos nacionales establecer el paso obligatorio por el escáner del Área de Control Integrado para tres actividades: tours de compras, transporte interurbano de pasajeros y empresas de encomiendas.

Explicó que algunos manifestantes reclamaron el cierre de las empresas de encomiendas, pero rechazó esa alternativa porque la intervención municipal debe habilitar a los comercios que cumplen los requisitos legales.

Su propuesta consiste en reforzar los controles sobre las mercaderías y evitar que determinadas modalidades de transporte operen bajo condiciones diferentes.

La medida todavía no está implementada y dependerá de las autoridades nacionales competentes.

Zigarán también cuestionó la falta de respuestas nacionales a los problemas fronterizos y criticó al comandante De la Cruz, a quien identificó como responsable del Plan Güemes. Expresó su expectativa de que un cambio en esa conducción permita revisar el funcionamiento de los controles.

Por ahora, el interventor aseguró que la situación se encuentra más tranquila, aunque no descartó nuevos episodios de tensión.

La Policía continúa trabajando para identificar a los participantes de los saqueos. En cuanto a la sospecha de que alguien financió la permanencia de manifestantes, Zigarán no mencionó una denuncia formal ni presentó documentación que permita avanzar sobre esa hipótesis.