Malvinas: Argentina busca frenar el petróleo británico

El Gobierno terminó su defensa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y pidió suspender el proyecto Sea Lion, que prevé perforar 23 pozos al norte de las islas. El Reino Unido cuestiona la competencia del organismo y sostiene que la explotación es legal. La decisión judicial podría conocerse esta semana.

11 Nov 2026 - 12:08
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Malvinas: Argentina busca frenar el petróleo británico

Argentina llevó la disputa por Malvinas a un terreno concreto: el petróleo que el Reino Unido pretende extraer de las aguas que rodean las islas. El Gobierno concluyó este miércoles sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, y solicitó medidas urgentes para detener el proyecto Sea Lion antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.

El planteo no busca que el tribunal resuelva la soberanía sobre el archipiélago, sino impedir que avance la explotación de recursos naturales mientras esa controversia continúe abierta.

La estrategia argentina apunta a obtener una medida provisional que obligue al Reino Unido a suspender nuevas perforaciones, instalaciones petroleras y autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

El petróleo que está en juego

Sea Lion es un proyecto operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La iniciativa contempla 23 pozos petroleros y una fase de producción de 35 años. Las perforaciones están previstas para los primeros meses de 2027, mientras que la extracción comercial comenzaría en 2028.

Para Argentina, permitir que avance la explotación antes de resolver la controversia implicaría un perjuicio irreversible.

El argumento central es que los hidrocarburos son recursos no renovables: una vez extraídos, no pueden restituirse.

El Reino Unido rechaza esa interpretación y sostiene que las actividades petroleras están autorizadas por la legislación vigente en las islas.

Cinco puntos enfrentan a Argentina y Londres

La discusión ante el tribunal se concentró en cinco cuestiones.

La primera es la competencia judicial. Argentina sostiene que el organismo puede intervenir porque se discuten obligaciones derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Londres responde que el verdadero conflicto es la soberanía territorial, una materia que excede las atribuciones de ese tribunal.

La segunda es la explotación unilateral de recursos. Buenos Aires invoca la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a evitar decisiones unilaterales mientras persista la controversia. El Reino Unido considera que Sea Lion constituye una actividad legal.

La tercera diferencia gira alrededor de los derechos de los habitantes de las islas. Londres invoca su autodeterminación para justificar el aprovechamiento de los recursos. Argentina sostiene que los intereses de los isleños deben respetarse, pero que eso no resuelve la titularidad de los recursos de una plataforma continental en disputa.

El cuarto punto es la urgencia. Argentina advierte que los preparativos petroleros ya están en marcha y que la plataforma Noble Endeavour tiene operaciones programadas en Sudamérica desde enero de 2027.

El Reino Unido afirma que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de ese año y que todavía existe tiempo para que intervenga el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.

Finalmente, aparece la cuestión ambiental. Argentina alerta sobre posibles derrames de petróleo y sostiene que tendría responsabilidades de respuesta ante un accidente en la zona. Londres asegura que las evaluaciones ambientales del proyecto identificaron riesgos bajos y cuestiona que exista evidencia de un daño inminente.

Argentina pidió cuatro medidas concretas

El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería.

El diplomático solicitó que el Reino Unido suspenda nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas con Sea Lion, que no utilice información de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que no obstaculice el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Argentina y que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

También reafirmó la disposición argentina a reanudar negociaciones bilaterales con Londres y a establecer acuerdos prácticos mientras continúe pendiente la cuestión de soberanía.

La delegación argentina estuvo integrada, entre otros, por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca y especialistas en derecho internacional.

La disputa también llegó a la Casa Rosada

El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires.

Según informó Infobae, el mandatario compartió un mensaje con integrantes de su gabinete en el que reivindicó el trabajo de su administración sobre la cuestión Malvinas.

La presentación argentina se apoya en dos resoluciones de Naciones Unidas: la 2065, de 1965, que reconoció la existencia de la controversia de soberanía, y la 31/49, de 1976, que instó a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras el conflicto permanezca sin resolver.

El Gobierno busca que esos antecedentes sean considerados para impedir que avance una explotación petrolera que considera contraria a los derechos argentinos.

Una decisión que podría conocerse esta semana

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá determinar si corresponde ordenar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia.

La resolución podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que se extienda hasta la semana siguiente.

El organismo podría aceptar el pedido argentino, conceder medidas de alcance más limitado o rechazar la solicitud.

Lo que se resolverá ahora no es la soberanía de las Malvinas, sino si el Reino Unido puede continuar avanzando con Sea Lion mientras persiste la disputa.

Para Argentina, una suspensión impediría que la explotación petrolera avance antes de que exista una decisión sobre los derechos invocados. Para Londres, las actividades pueden continuar porque considera que el tribunal carece de competencia para intervenir.

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