¿Dónde ponemos a nuestros pobres?

En estos días los municipios intensificaron la limpieza de canales, desagües y bajo puentes ante las lluvias que se esperan para los próximos meses. Hay que hacerlo. Después de tantos años viendo lo que ocurre cuando el agua encuentra basura, ramas, colchones o cualquier otra cosa obstruyendo su paso, sería absurdo discutirlo. Y si debajo de esos puentes hay personas viviendo, también hay que sacarlas: dejarlas allí cuando puede crecer el agua de un canal no sería consideración ni sensibilidad, sino exponerlas a un peligro.

También hay vecinos que llaman, denuncian robos, consumo de drogas, amenazas, acumulación de basura o situaciones que les generan miedo. Esos reclamos no pueden ser desestimados porque involucren a personas en situación de calle. Si hay un delito, la Policía debe intervenir y la Justicia investigar. La pobreza no puede ser una excusa para delinquir, pero tampoco puede convertirse en una presunción de culpabilidad.

Con esas dos cosas claras, queda la pregunta que empieza exactamente cuando termina el operativo.

Vemos llegar las máquinas, los camiones municipales y también a la Policía; vemos cómo se levantan colchones, ropa, maderas, bolsas, restos de comida y las pocas pertenencias con las que alguien consiguió armarse un lugar para pasar la noche. Después el espacio queda despejado y seguramente mucho mejor de lo que estaba. Pero entre todo lo que se retiró había una persona. Y esa persona no desapareció porque el puente haya quedado limpio. ¿Adónde fue?

En calle Esteco encontraron a dos hombres viviendo en un hueco excavado debajo de un puente. No en una casa tomada, no en una habitación precaria, ni siquiera debajo de un techo improvisado: en un hueco. La Municipalidad retiró dos camionetas con residuos, colchones, maderas y ropa. Intervino la Policía, se informó el secuestro de armas blancas y ambos quedaron detenidos.

El dato de las armas aparece con frecuencia en la información sobre estos procedimientos y debe informarse, por supuesto. Lo que no deberíamos hacer es permitir que funcione como una explicación general sobre quienes viven en la calle. Habrá que determinar en cada caso qué se encontró, en qué circunstancias y si existió un delito. Un cuchillo puede ser un arma y puede representar un peligro; también es un utensilio de uso cotidiano. Lo que transforma un objeto en evidencia de un delito son las circunstancias, no la condición social de quien lo posee.

Porque cuando personas en situación de calle, basura, drogas, armas e inseguridad empiezan a aparecer siempre dentro de una misma fotografía, corremos el riesgo de borrar las diferencias. El que robó pasa a ser igual al que duerme allí. El que amenazó a un vecino, al que simplemente no tiene una casa. Y el problema social termina reducido a un problema policial.

Hace apenas unas semanas Salta tenía un lugar donde, por lo menos durante la noche, una parte de esas personas podía estar. El Hogar de Noche de calle 20 de Febrero, producto de una iniciativa provincial y municipal. Funcionó durante 124 noches y cerró su temporada en septiembre. Según los números oficiales, pasaron por allí 1.386 personas y se ocuparon 7.104 plazas. Hubo comida, un lugar para dormir, ropa, higiene, asistencia sanitaria y acompañamiento social. Siete mil ciento cuatro plazas ocupadas en cuatro meses dicen bastante más que cualquier discurso sobre la dimensión del problema. Sin embargo, terminó el invierno y el refugio cerró.

Ahora algunas de esas mismas personas están juntando firmas para pedir que vuelva a abrir y, sobre todo, que funcione durante todo el año. Mario Gabriel Gómez, que también vive en la calle, comenzó incluso su propio relevamiento porque ni siquiera sabemos con certeza cuántos son hoy. Cuenta algo todavía más elemental: necesitan un lugar para bañarse y ponerse ropa limpia hasta para salir a buscar trabajo. Parece una obviedad hasta que uno intenta imaginar cómo se consigue empleo después de haber dormido debajo de un puente.

Mientras ellos piden que vuelva a abrir el refugio, los operativos avanzan sobre los lugares donde consiguieron pasar la noche. No solamente ocurre en la capital. En San Lorenzo también se informaron procedimientos conjuntos del municipio y la Policía para despejar sectores ocupados por personas que vivían bajo puentes, algunos originados precisamente en denuncias y reclamos vecinales.

Y volvemos al mismo punto: los vecinos tienen derecho a reclamar. Tienen derecho a no sufrir robos, amenazas ni hechos violentos; a vivir en un lugar limpio y a utilizar el espacio público. Quien comete un delito debe responder por él, viva en una casa, en un country, en una villa o debajo de un puente. Pero resolver una denuncia policial y resolver qué hacer con una persona que no tiene dónde dormir son dos problemas diferentes. Que algunas veces aparezcan juntos no debería autorizarnos a confundirlos.

Después del operativo sigue quedando alguien al costado del puente. Muchas veces con menos de lo que tenía antes y con la misma pregunta de siempre: dónde pasar la noche. Y entonces empezamos a recorrer la ciudad con el problema a cuestas. Lo sacamos de Esteco y aparece cerca del Arenales. Lo retiramos del Arenales y puede terminar en avenida Asunción. Lo encontramos después debajo de otro puente, en el Parque San Martín, en una plaza o en una vereda. Cada intervención puede mejorar el lugar del que fue retirado, pero ninguna habrá cambiado necesariamente la situación que hizo que esa persona terminara allí. Estamos trasladando el problema.

Y esto no empezó con un intendente ni con un gobernador, ni puede cargarse cómodamente sobre una administración determinada. Sería incluso tranquilizador encontrar un único culpable. La situación de calle es el último escalón de fracasos que vienen acumulándose desde hace años y atraviesan al Estado nacional, a la Provincia y a los municipios. Ahí están la pobreza, las adicciones en algunos casos, los padecimientos de salud mental en otros, la falta de vivienda, las rupturas familiares, la pérdida del trabajo, personas que rechazan la asistencia y personas que quieren salir de la calle y no pueden. No existe una explicación única porque tampoco existe un único tipo de persona viviendo en ella.

Por eso el dato de las 7.104 plazas utilizadas en el Hogar de Noche debería haber provocado una discusión bastante más profunda que la fecha de cierre. Si hubo semejante demanda durante cuatro meses, ¿qué dispositivo queda para los otros ocho? El frío termina. La situación de calle no.

Quizás allí esté lo más incómodo de todo esto. No en discutir si determinado operativo estuvo bien o mal. Puede haber estado perfectamente bien y hasta haber sido indispensable. Lo preocupante sería empezar a creer que con eso alcanzó.

Porque sabemos bastante bien dónde no queremos a nuestros pobres. No debajo de los puentes porque hay que despejarlos. No en los canales porque son peligrosos. No en las plazas porque son de todos. No en las veredas porque dificultan el paso. Pero después de establecer todos los lugares en los que no pueden estar, sigue faltando una política capaz de decir dónde sí.

Y cuando se van las máquinas, el camión y la Policía, cuando el puente queda limpio y termina el anuncio mediante un parte de prensa, queda una pregunta que no debería irse con ellos:

¿Dónde ponemos a nuestros pobres?