La Caja Interprofesional, a un paso de desaparecer

La Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, creada hace poco más de dos años para garantizar una jubilación a nutricionistas y trabajadores sociales, enfrenta ahora su posible desaparición. El Senado provincial aprobó este jueves 12 de noviembre un proyecto para derogar la Ley 8.444, que estableció el sistema de aportes obligatorios.

La iniciativa obtuvo media sanción después de meses de reclamos de profesionales que cuestionaron las cuotas exigidas y las deudas acumuladas. El argumento central de sus impulsores es que la Caja no logró reunir una base de aportantes suficiente para sostener sus compromisos previsionales.

El senador por General Güemes, Enrique Cornejo, aseguró que el 70% de los afiliados está en mora y solamente el 30% cumple con los pagos mensuales.

“Solamente el 30% de sus afiliados están pudiendo pagar las prestaciones mensuales y el 70% están en mora”, sostuvo durante el tratamiento legislativo.

El dato expone el problema financiero señalado por los legisladores que respaldaron la derogación: la institución fue creada para pagar jubilaciones futuras, pero la mayor parte de sus afiliados no estaría realizando los aportes previstos.

Una Caja que todavía no pagó jubilaciones

La Ley 8.444 fue sancionada en agosto de 2024 y creó la Caja como una entidad de derecho público no estatal, con autonomía institucional y financiera.

El régimen estaba destinado inicialmente a profesionales matriculados en los colegios de Nutrición y de Servicio Social y Trabajo Social, aunque contemplaba la incorporación de otras profesiones sin cobertura previsional provincial propia.

Desde su implementación surgieron cuestionamientos por la obligatoriedad de la afiliación y el impacto económico de los aportes.

Cornejo señaló que, hasta el momento, la institución no otorgó ninguna jubilación. Según su interpretación, esa circunstancia permitiría avanzar con la disolución sin afectar beneficios jubilatorios ya concedidos.

Antes de emitir dictamen, los legisladores recibieron a representantes de los profesionales y a las autoridades de la Caja, que defendieron posiciones diferentes sobre su continuidad.

Qué pasará con los aportes realizados

El proyecto aprobado establece que, si la derogación se convierte en ley, dejarán de generarse nuevas obligaciones de afiliación y aportes, así como multas y recargos derivados del régimen.

También dispone la disolución y liquidación de la institución.

El Poder Ejecutivo deberá designar un liquidador dentro de los 30 días posteriores a la promulgación. Su tarea será determinar los bienes, fondos, deudas y demás obligaciones de la Caja.

El procedimiento tendrá un plazo de un año, prorrogable por otros seis meses.

Uno de los puntos de mayor interés para los profesionales es la devolución del dinero aportado.

El proyecto contempla que primero se cancelen las obligaciones pendientes de la institución. Solo después, si existen fondos remanentes, se distribuirán entre quienes realizaron aportes, en proporción a las sumas efectivamente ingresadas.

Por lo tanto, la devolución no será necesariamente total ni inmediata. Dependerá del resultado de la liquidación y de los recursos disponibles una vez pagadas las deudas.

Hubo propuestas para mantener el sistema

La derogación no obtuvo un respaldo unánime.

El senador Roque Cornejo presentó un dictamen en minoría que proponía modificar la Ley 8.444 en lugar de eliminarla. Entre los cambios figuraban convertir la afiliación en voluntaria y revisar el régimen de aportes y deudas.

Por su parte, la senadora Leonor Minetti votó en contra de la derogación. Consideró que existían alternativas para resolver las dificultades económicas sin disponer el cierre de la Caja.

La iniciativa que obtuvo media sanción fue impulsada por los senadores Dani Raúl Nolasco, Enrique Cornejo, Diego Cari, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Esteban D’Andrea y Alejandra Navarro.

Entre los profesionales también persisten diferencias. Sectores de nutricionistas y trabajadores sociales sostienen que sus asambleas se pronunciaron mayoritariamente por eliminar el régimen obligatorio.

Desde la conducción de la Caja, en cambio, se defendió la continuidad del sistema como una herramienta de protección previsional para quienes ejercen esas profesiones.

La decisión pasa a Diputados

La Cámara de Diputados deberá tratar ahora el proyecto y decidir si acompaña la derogación, introduce modificaciones o mantiene vigente el régimen.

Hasta que exista una ley sancionada y promulgada, la Caja Interprofesional continúa bajo el marco normativo actual.

El debate deja además una cuestión pendiente para los profesionales alcanzados: qué alternativa previsional tendrán quienes dependían de este sistema y cómo se resolverán las obligaciones acumuladas durante su funcionamiento.