«Escuela fantasma»: Mazzone explicó lo que Educación no logró aclarar

La controversia por la denominada «escuela fantasma» sumó una explicación sobre el funcionamiento del sistema educativo salteño que hasta ahora no había quedado suficientemente clara desde el Ministerio de Educación. Fernando Mazzone, secretario general de la Agremiación Docente Provincial (ADP), describió cómo funciona el mecanismo de los «cargos prestados», una práctica que, según sostuvo, se utiliza desde hace años para cubrir necesidades docentes en distintos establecimientos.

En una entrevista con Interactiva Noticias, el dirigente explicó que un cargo puede permanecer registrado administrativamente en una escuela, aunque el docente designado cumpla efectivamente sus funciones en otra. Esa diferencia, señaló, permite entender por qué determinadas designaciones aparecen vinculadas a establecimientos donde los docentes no trabajan.

Según Mazzone, desde 2010 no se crean determinados cargos en el nivel primario. Cuando se cierra un grado, el puesto correspondiente no necesariamente desaparece, sino que puede utilizarse para cubrir vacantes en otras escuelas.

«Cuando se producen las designaciones, los cargos están asignados a una escuela, pero no significa que sean de esa escuela», explicó. Añadió que dentro del sistema educativo ese procedimiento se conoce como «cargo prestado».

Como ejemplo mencionó los antiguos cargos de maestros de Religión. Aunque esa función dejó de existir, señaló que los puestos permanecen registrados con su denominación original y pueden utilizarse para cubrir otras necesidades educativas.

De esa manera, una designación puede aparecer administrativamente asociada a un cargo de maestro de Religión sin que la persona esté desempeñando esa función.

Una explicación que llegó tarde

Durante la entrevista surgió una pregunta central: si los cargos se utilizan en otros establecimientos, ¿por qué el Ministerio de Educación no actualiza su identificación administrativa?

Mazzone atribuyó esa situación a procedimientos que se mantienen desde hace años dentro de la cartera educativa.

«¿Sabés cuántos años hace que en el Ministerio de Educación se hacen las cosas por uso y costumbre?», respondió.

Incluso señaló que una simple resolución permitiría modificar la denominación de determinados puestos para adecuarla a las funciones que efectivamente cumplen los docentes.

El dirigente sostuvo que viene denunciando el desorden administrativo del sistema educativo desde hace tiempo y consideró que la controversia obligará a revisar esos procedimientos.

También cuestionó que el Ministerio no hubiera explicado desde el comienzo cómo funciona el sistema de cargos prestados.

En ese sentido, la entrevista permitió introducir una distinción que resulta central para comprender el caso: que un cargo figure registrado en una escuela no significa necesariamente que el docente deba desempeñarse en ese establecimiento.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, había señalado que existen establecimientos educativos que funcionan sin contar con un edificio propio. Mazzone aportó otra explicación vinculada con la administración de los cargos y las designaciones, que permite comprender por qué pueden aparecer docentes asociados a escuelas distintas de aquellas donde cumplen sus tareas.

El dirigente atribuyó estas prácticas a una organización administrativa que viene de gestiones anteriores y sostuvo que el Ministerio deberá corregirlas.

La denunciante, su situación laboral y una acusación que alcanza a Cánepa

Mazzone también apuntó contra una de las denunciantes que impulsaron los cuestionamientos sobre las designaciones docentes y que, según afirmó, difundió información falsa sobre él y su hija.

El secretario general de ADP cuestionó su trayectoria dentro del sistema educativo. Sostuvo que ingresó como idónea, sin título docente, y aseguró que fue cesanteada por inasistencias laborales. Según sus declaraciones, la mujer acumuló más de tres años sin concurrir a trabajar.

El dirigente fue más allá y mencionó al exministro de Educación Matías Cánepa. Afirmó que la denunciante habría gestionado con el entonces funcionario el nombramiento de su hermana como prosecretaria en una escuela de Cerrillos, pese a contar, según su versión, con un certificado de curtido de cuero.

Mazzone vinculó ese episodio con el abandono de una protesta de docentes autoconvocados y cuestionó la autoridad de la denunciante para formular acusaciones sobre otras designaciones.

También sostuvo que analiza acciones legales por las publicaciones que involucraron a su familia.

«Mi hija nunca estuvo nombrada»

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la supuesta designación de una hija del dirigente gremial en el establecimiento cuestionado.

Mazzone negó categóricamente esa versión y aseguró que cuenta con una respuesta del propio Ministerio de Educación que confirma que su hija nunca fue designada allí.

Explicó que es psicóloga y que posee documentación de la Junta Calificadora, por lo que podría acceder a una vacante dentro del sistema educativo si cumpliera los requisitos correspondientes.

El dirigente cuestionó que se la involucrara públicamente en la controversia y sostuvo que quienes difundieron esas afirmaciones deberán responder por ellas.

También puso en duda la interpretación de las planillas utilizadas para señalar presuntas irregularidades. Argumentó que, si su hija aparece mencionada en registros pese a no haber sido designada, corresponde revisar qué información contienen esos documentos y cómo se elaboraron.

Las respuestas que todavía debe dar Educación

Mazzone rechazó que exista una «escuela fantasma» y atribuyó buena parte de la controversia a una interpretación equivocada del sistema de cargos prestados y a la falta de explicaciones oficiales.

Su intervención permitió conocer un mecanismo administrativo que, según sostuvo, forma parte del funcionamiento habitual del sistema educativo salteño desde hace años.

Sin embargo, la explicación general no reemplaza la necesidad de esclarecer las designaciones concretas que dieron origen a la investigación judicial.

La cuestión ahora pasa por determinar qué cargos fueron utilizados, en qué establecimientos cumplen funciones los docentes y qué documentación respalda cada designación.

Mazzone explicó en pocos minutos cómo funciona una práctica administrativa que había quedado en el centro de las sospechas. La responsabilidad de precisar cómo se aplicó en el caso investigado sigue siendo del Ministerio de Educación.