El exjuez Reynoso recibió una pena única de 16 años y medio
El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta unificó las dos condenas firmes contra el exjuez federal de Orán por hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su cargo. La decisión fue por mayoría. La Fiscalía había solicitado 18 años y la defensa, 13 y la libertad inmediata. El pedido de libertad condicional quedó pendiente.
El exjuez federal de Orán Raúl Juan Reynoso deberá cumplir una pena única de 16 años y seis meses de prisión. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta el jueves 12 de noviembre, al unificar las condenas de 13 y cinco años que recibió por delitos cometidos mientras ejercía la magistratura.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi. El tercer integrante del tribunal, Domingo José Batule, consideró que correspondía establecer una pena de 15 años.
El fiscal general Carlos Martín Amad había solicitado una condena única de 18 años, mediante la suma de ambas sentencias. La defensa, en cambio, reclamó que se fijaran 13 años y se ordenara la libertad inmediata de Reynoso. Subsidiariamente, pidió una pena de hasta 15 años.
El tribunal no hizo lugar a esas pretensiones y estableció una sanción intermedia.
Dos condenas por corrupción judicial
La primera sentencia fue dictada el 24 de mayo de 2019 por el Tribunal Oral Federal N.º 1, que condenó a Reynoso a 13 años de prisión por siete hechos de concusión y seis de prevaricato.
La investigación permitió acreditar maniobras mediante las cuales el entonces juez federal utilizó sus atribuciones para beneficiar a personas involucradas en causas de narcotráfico y perjudicar a otras, con el propósito de obtener beneficios económicos.
Esa condena quedó firme el 29 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una presentación de la defensa.
La segunda sentencia fue dictada el 27 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta. Reynoso recibió otros cinco años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, en una causa que incluyó hechos vinculados con Delfín Castedo.
El 14 de octubre de 2026, la Corte Suprema rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme esa condena. Al día siguiente, la Justicia ordenó su detención.
Por qué no le impusieron 18 años
La discusión judicial se concentró en el procedimiento para unificar las penas.
La Fiscalía sostuvo que correspondía aplicar la suma aritmética prevista en la reforma del artículo 58 del Código Penal, introducida por la ley 27.785.
Sin embargo, el tribunal consideró que debía utilizarse la legislación anterior, porque los hechos juzgados ocurrieron antes de esa modificación.
Por esa razón, aplicó el denominado método composicional, que permite determinar una pena única mediante una valoración conjunta de los delitos, sus circunstancias y las condiciones personales del condenado.
Las juezas Catalano y Cataldi entendieron que la gravedad de las conductas justificaba imponer 16 años y seis meses.
Entre los agravantes, consideraron especialmente que Reynoso se aprovechó de su condición de juez federal y de los recursos de la administración de justicia para cometer los delitos.
El fallo también ponderó el daño institucional provocado por las maniobras, que afectaron el funcionamiento de un juzgado con competencia en investigaciones sensibles relacionadas con el narcotráfico.
La mayoría rechazó que la segunda condena pudiera quedar absorbida por la primera, como pretendía la defensa.
Batule coincidió con la aplicación del método composicional, pero consideró suficiente una pena de 15 años.
La libertad condicional sigue pendiente
La resolución no dispuso la liberación de Reynoso.
El tribunal aclaró que el cumplimiento del requisito temporal para acceder a la libertad condicional no implica su otorgamiento automático.
Antes de resolver, deberán incorporarse un cómputo provisorio de la pena y los informes del Servicio Penitenciario Federal y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
La decisión adquiere particular relevancia porque el exmagistrado recibió recientemente el beneficio de prisión domiciliaria.
El 3 de noviembre, la jueza Gabriela Catalano autorizó que cumpliera su condena en una vivienda de Salta capital, después de evaluar sus antecedentes médicos, entre ellos diabetes e hipertensión arterial.
El fiscal Carlos Martín Amad cuestionó esa decisión y anunció que recurriría ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Se trata de dos cuestiones distintas: la resolución del 12 de noviembre establece la duración de la condena unificada, mientras que la controversia por la prisión domiciliaria se refiere al lugar y las condiciones en que debe cumplirla.
Las otras sanciones
Además de los 16 años y seis meses de prisión, la resolución mantiene la inhabilitación especial para ejercer como magistrado judicial durante 35 años y establece una inhabilitación absoluta por el mismo período que la pena de prisión.
También conserva las sanciones económicas y demás medidas derivadas de las sentencias anteriores, entre ellas la restitución de $500.000 a cada uno de dos damnificados, Bruno Maximiliano Mazzone y Pablo Sebastián Meneses, con los intereses correspondientes.
El fallo incluye además el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok y las costas judiciales.
La nueva condena unificada no modifica los hechos ni las responsabilidades penales establecidos en las dos sentencias firmes. Define la pena conjunta que deberá computarse para determinar su cumplimiento y resolver los planteos pendientes sobre la situación del exjuez.
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