La Corte ratificó la constitucionalidad de la reforma electoral

La Corte de Justicia de Salta ratificó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática, aprobada por la Legislatura provincial el 30 de abril y promulgada por el Ejecutivo en mayo de este año. La resolución mantiene vigentes las modificaciones al sistema electoral que se aplicarán en los próximos comicios provinciales, previstos inicialmente para el 16 de mayo de 2027.

El fallo fue dictado por unanimidad frente a la acción de inconstitucionalidad presentada por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón. Sus fundamentos también resultan aplicables a los cuestionamientos análogos formulados por Claudio Del Plá y Alejandro Patrón Costas, quienes promovieron actuaciones en expedientes separados.

La controversia gira alrededor de tres aspectos centrales: la obligación de presentar candidaturas en al menos 15 departamentos para competir por la gobernación, las condiciones para constituir frentes electorales y el mecanismo de acumulación de votos entre listas de una misma fuerza política.

Mientras la Corte considera que estas disposiciones se encuentran dentro de las facultades constitucionales de la Legislatura, los dirigentes que impugnaron la norma cuestionan sus consecuencias sobre la competencia electoral y la representación de la voluntad de los votantes.

Qué resolvió la Corte de Justicia

El máximo tribunal provincial fundamentó su decisión en la autonomía que reconoce la Constitución Nacional a las provincias para organizar sus instituciones y establecer sus propios sistemas electorales.

Los jueces citaron los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional y recordaron que el artículo 56 de la Constitución de Salta dispone que el régimen electoral debe ser establecido por ley.

También señalaron que el artículo 127, inciso 16, de la Constitución provincial otorga a la Legislatura facultades para reglamentar las condiciones de elección de las autoridades.

En ese marco, la Corte sostuvo que la elección de un determinado sistema electoral constituye una decisión política que corresponde, en principio, a los poderes Legislativo y Ejecutivo, siempre que respete los límites constitucionales.

El tribunal retomó además un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual las modificaciones electorales son decisiones políticas orientadas a adecuar los mecanismos de selección de representantes.

Uno de los argumentos centrales de la sentencia fue que no corresponde al Poder Judicial determinar si una decisión legislativa resulta políticamente conveniente, sino establecer si contradice alguna disposición constitucional.

En palabras del fallo, “no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto con que ese mismo poder hace uso de facultades que le son propias y exclusivas”.

Con ese criterio, los magistrados concluyeron que los cuestionamientos presentados no acreditaban una vulneración constitucional suficiente para invalidar las disposiciones impugnadas.

La exigencia de presentar candidatos en 15 departamentos

Uno de los cambios más discutidos es el establecido por el artículo 2 de la Ley 8535.

La norma exige que las fuerzas políticas presenten candidaturas en al menos 15 de los 23 departamentos de Salta para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador.

Para los sectores que cuestionaron la reforma, esta condición puede dificultar la participación de agrupaciones con menor estructura territorial, especialmente aquellas que concentran su actividad en determinados departamentos o municipios.

Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero, vinculó este requisito con una posible restricción a la competencia de fuerzas políticas de izquierda.

La Corte adoptó una interpretación diferente.

Consideró que la exigencia no modifica las condiciones personales que establece la Constitución para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador, sino que regula la organización territorial de las fuerzas políticas que presentan esas candidaturas.

Los jueces sostuvieron que el gobernador representa a la totalidad de la provincia y que, por lo tanto, resulta razonable exigir una presencia territorial más amplia que la requerida para cargos de alcance local.

En la sentencia afirmaron que “la dimensión territorial constituye un criterio legítimo de regulación electoral”.

También señalaron que existen antecedentes de requisitos de representatividad territorial en otras provincias, aunque bajo modalidades diferentes.

De esta manera, el tribunal consideró que la exigencia no vulnera, por sí misma, los principios de igualdad, participación y representación política.

La acumulación de votos y la comparación con la Ley de Lemas

El mecanismo de acumulación de sufragios es otro de los aspectos que generó cuestionamientos.

La normativa permite que distintas listas compitan dentro de una misma fuerza política y que los votos obtenidos por ellas tengan incidencia en el resultado de ese espacio.

Sus críticos comparan esta modalidad con la denominada Ley de Lemas, aunque ambos mecanismos no deben considerarse necesariamente idénticos.

En la demanda presentada por Zapata y Ríos Ayllón, los dirigentes sostuvieron que la acumulación podía afectar la correspondencia entre la voluntad expresada por los electores y el resultado electoral.

El cuestionamiento se concentra en la posibilidad de que un candidato resulte beneficiado por la suma de votos de distintas listas de su agrupación, aun cuando individualmente haya obtenido menos sufragios que otro competidor.

Según consta en el fallo, los demandantes advirtieron que el sistema podía quebrar “la correspondencia entre la voluntad expresada por el elector y el resultado electoral”.

La Corte rechazó que ese argumento fuera suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Para resolver, tomó en consideración antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre sistemas electorales similares y la facultad de las provincias para determinar sus mecanismos de elección.

También concluyó que el régimen respeta el principio constitucional de elección directa, porque la asignación de cargos surge de la manifestación del voto ciudadano, sin intervención de órganos intermediarios.

La decisión judicial establece la validez constitucional del mecanismo cuestionado, aunque no elimina las diferencias políticas sobre sus posibles efectos en la distribución de votos y cargos.

Cómo deberán conformarse los frentes electorales

La Ley 8535 también dispone que los frentes electorales estén integrados por un mínimo de dos partidos políticos.

Esta exigencia fue cuestionada junto con el tratamiento diferenciado que la normativa establece entre partidos individuales y alianzas electorales.

La Corte consideró que ambas formas de organización presentan características distintas y que, por lo tanto, pueden estar sujetas a condiciones diferentes.

Los magistrados recordaron que el principio de igualdad ante la ley no impide establecer distinciones entre situaciones que no son equivalentes, siempre que esas diferencias no resulten arbitrarias.

Según el tribunal, exigir un mínimo de dos partidos para constituir un frente es compatible con la finalidad de garantizar representatividad a las alianzas electorales.

Por ese motivo, tampoco encontró fundamentos constitucionales para invalidar esta disposición.

Quiénes presentaron las impugnaciones

Los cuestionamientos judiciales provinieron de dirigentes pertenecientes a distintos sectores políticos.

Carlos Raúl Zapata, diputado nacional y presidente de Ahora Patria, y Lourdes Ríos Ayllón promovieron la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente CJS 978.543/26.

Claudio Ariel Del Plá, referente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, presentó otra acción, identificada como expediente CJS 978.978/26.

Alejandro Patrón Costas, presidente del Partido de la Reconquista, impulsó el expediente CJS 978.881/26.

Si bien las tres presentaciones cuestionaron disposiciones de la misma ley, el pronunciamiento principal de la Corte corresponde al expediente iniciado por Zapata y Ríos Ayllón.

Los fundamentos de esa sentencia resultan aplicables a los planteos análogos de las otras actuaciones, sin que ello implique necesariamente que los tres expedientes hayan recibido resoluciones idénticas en todos sus términos.

La oposición analiza acudir a la Corte Suprema

Tras conocerse la decisión, Zapata cuestionó el fallo y lo calificó de arbitrario y desajustado a derecho.

El diputado nacional no descartó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir el pronunciamiento provincial.

Alejandro Patrón Costas también adelantó que estudia la posibilidad de llevar el planteo al máximo tribunal nacional.

En ambos casos, se trata de recursos que se encuentran bajo evaluación. La información disponible no permite afirmar que ya hayan sido formalmente presentados.

Por su parte, Del Plá había centrado parte de sus cuestionamientos en las exigencias territoriales para competir electoralmente, al considerar que pueden afectar las posibilidades de participación de agrupaciones con menor estructura provincial.

Las objeciones expresan preocupaciones diferentes: la relación entre votos individuales y resultados electorales, las condiciones para conformar alianzas y los requisitos de organización que deben cumplir las fuerzas políticas.

La Corte, en cambio, sostuvo que ninguna de las disposiciones analizadas excede los límites constitucionales de la facultad legislativa para regular los comicios.

El calendario electoral de 2027

El pronunciamiento se conoció cuando el Gobierno provincial se prepara para convocar formalmente a las próximas elecciones.

El gobernador Gustavo Sáenz deberá emitir el decreto correspondiente dentro de los plazos previstos por la legislación electoral. El 16 de noviembre aparece como fecha límite para concretar esa convocatoria.

Aunque todavía resta la formalización, el domingo 16 de mayo de 2027 se perfila como la fecha de los comicios provinciales.

Con la Ley 8535 vigente, los partidos deberán comenzar a definir sus candidaturas, acuerdos y estructuras territoriales conforme a las nuevas condiciones.

Esto incluye la necesidad de organizar listas en al menos 15 departamentos para disputar la gobernación y cumplir los requisitos establecidos para la conformación de frentes electorales.

La eventual presentación de recursos ante la Corte Suprema nacional abriría una nueva instancia judicial, pero no supone por sí misma la suspensión de la ley.

Una discusión distinta: la eventual candidatura de Sáenz

El aval judicial a la reforma electoral tampoco resuelve otro debate que podría adquirir relevancia durante el proceso electoral: la posibilidad de que Gustavo Sáenz aspire a un nuevo mandato.

Se trata de una cuestión constitucional diferente, relacionada con las condiciones de elegibilidad y los límites a la reelección del gobernador.

La sentencia sobre la Ley de Participación Democrática no se pronunció sobre ese punto y, por lo tanto, no puede interpretarse como una autorización ni como una prohibición de una eventual candidatura.

Qué queda definido y qué sigue abierto

La decisión de la Corte establece que las disposiciones cuestionadas de la Ley 8535 son compatibles con las constituciones provincial y nacional.

También reafirma que corresponde a la Legislatura determinar el sistema electoral dentro de los límites constitucionales, sin que los jueces deban sustituir el criterio político del legislador por el suyo.

Los dirigentes opositores, por su parte, mantienen sus objeciones sobre la acumulación de votos, las exigencias territoriales y las condiciones de participación, y algunos analizan acudir a la Justicia nacional.

Son dos discusiones que deben distinguirse: la constitucionalidad de las reglas, sobre la que ya se pronunció la Corte provincial, y sus posibles efectos sobre la competencia electoral, que continúan siendo materia de debate político.

Mientras se define si habrá nuevas presentaciones judiciales, la provincia se encamina hacia las elecciones de 2027 con el régimen aprobado por la Legislatura y respaldado por el máximo tribunal salteño.