El Concejo de Salta, distraído con la política nacional

La polémica por la carpa VIP instalada durante la misa del papa León XIV en Buenos Aires encontró un nuevo escenario: el Concejo Deliberante de Salta. Durante la sesión del miércoles, las concejalas Eliana Chuchuy y Malvina Gareca dedicaron sus intervenciones a cuestionar los gastos del Gobierno nacional y los privilegios concedidos a funcionarios y personalidades del espectáculo.

El asunto merece explicaciones. La contratación de servicios exclusivos con fondos públicos, en un gobierno que sostiene un discurso de austeridad, es un tema legítimo de debate. Pero su desembarco en el Concejo capitalino plantea una cuestión diferente: ¿hasta dónde debe extenderse la agenda de los representantes municipales y qué asuntos deberían ocupar su atención?

Chuchuy cuestionó el desembolso de $8.690 millones y reclamó explicaciones sobre las contrataciones. Gareca habló de una contradicción entre el mensaje social del pontífice y los privilegios de quienes asistieron a la celebración desde un sector reservado.

Ambas apuntaron contra el Gobierno de Javier Milei. Ningún integrante del bloque libertario intervino para responder durante ese tramo de la sesión. 

Una polémica real, pero ajena a las competencias municipales

Los cuestionamientos sobre la organización de la misa tienen una base concreta. Según la documentación examinada por Chequeado, la Jefatura de Gabinete nacional adjudicó a DF Entertainment un contrato de $8.690 millones para la producción integral del evento. La carpa exclusiva, con capacidad para 250 personas, incluía climatización, baños acondicionados y servicio gastronómico.

Hay una precisión necesaria: los $8.690 millones corresponden al contrato general, no exclusivamente a la carpa VIP. Su costo individual no aparece discriminado en la documentación publicada.

La controversia también llegó a la Justicia nacional mediante denuncias sobre las contrataciones, cuya eventual irregularidad deberá investigarse. 

Nada de esto impide que una concejala salteña exprese su posición. Los representantes políticos tienen derecho a opinar sobre decisiones nacionales, especialmente cuando involucran recursos públicos.

La pregunta es si el Concejo Deliberante debe convertirse en otro escenario de confrontación partidaria nacional cuando su función institucional está directamente vinculada con las necesidades de los vecinos de Salta.

Los asuntos que esperan tratamiento

La sesión del miércoles tenía un temario de 29 proyectos, entre ellos iniciativas relacionadas con la prevención de inundaciones, los microbasurales, el arbolado público y reclamos por el servicio eléctrico.

Son asuntos sobre los que el Concejo puede legislar, requerir información, controlar la actuación municipal o impulsar soluciones dentro de sus atribuciones.

La propia agenda legislativa demuestra que existen cuestiones concretas para discutir. No corresponde afirmar que fueron abandonadas por las intervenciones sobre la carpa VIP: estas se produjeron durante el espacio de Homenajes y Manifestaciones, previsto en el funcionamiento del cuerpo. Tampoco hay elementos para sostener que hayan impedido tratar los proyectos pendientes. 

Pero el hecho de que una intervención esté permitida por el reglamento no la vuelve automáticamente prioritaria.

Los vecinos eligen concejales para que se ocupen de la ciudad. Eso incluye debatir ordenanzas, revisar decisiones del Ejecutivo municipal, controlar el destino de los recursos locales y atender problemas que afectan la vida cotidiana.

La política nacional puede formar parte de sus posicionamientos públicos. Lo discutible es cuánto espacio debe ocupar en una institución cuya razón de ser es municipal.

El debate que también les corresponde

Hay una exigencia que debería alcanzar a todos los bloques, independientemente de su posición frente al Gobierno nacional: aplicar a la gestión local el mismo rigor con el que cuestionan decisiones tomadas en Buenos Aires.

Si se reclama transparencia sobre una contratación nacional, también corresponde exigirla sobre las contrataciones municipales. Si se cuestionan gastos considerados innecesarios, el criterio debería extenderse al uso de los recursos públicos de la ciudad.

No se trata de pedir silencio sobre cuestiones nacionales ni de minimizar la polémica por los privilegios durante la visita papal. Se trata de discutir prioridades y responsabilidades.

Chuchuy y Gareca plantearon preguntas sobre el dinero que gastó la Nación. Son preguntas válidas. Pero los concejales salteños, incluidos quienes optaron por no intervenir en esa discusión, también tienen que responder por su propia tarea.

¿Cuánto de su actividad legislativa está dedicado a resolver problemas de Salta y cuánto a reproducir las disputas políticas nacionales?

Esa respuesta exige revisar proyectos, debates, controles y resultados, no solamente los discursos pronunciados en una sesión.