Ley Malvinas: El Gobierno enfrenta resistencia de sus aliados
Diputados debatirá este miércoles el proyecto que busca sancionar la explotación ilegal de recursos en las islas. Sin embargo, los bloques dialoguistas rechazan un capítulo que introduce delitos vinculados con la injerencia extranjera y advierten sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. También se tratará la reforma del Banco Central.
El Gobierno de Javier Milei buscará aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados la denominada Ley Malvinas, una iniciativa que establece sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en el Atlántico Sur. Pero el proyecto llega al recinto con un conflicto que excede la cuestión de soberanía: los aliados parlamentarios del oficialismo exigen eliminar los artículos que incorporan nuevas figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera.
La sesión fue convocada para las 12 por el presidente de la Cámara, Martín Menem. La Libertad Avanza necesita negociar modificaciones para conseguir los votos necesarios, especialmente en el capítulo que propone cambios a la legislación electoral y penal.
El capítulo que divide al oficialismo y sus aliados
El principal desacuerdo se concentra en el Título VII, denominado Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales.
La propuesta original contemplaba sanciones para las campañas coordinadas de desinformación masiva. Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo modificó la redacción y reemplazó esa expresión por la figura de campaña de injerencia extranjera.
El nuevo texto apunta a acciones planificadas, sistemáticas o sostenidas que oculten vínculos con agentes extranjeros y se desarrollen mediante mecanismos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilícitos.
Aunque la modificación excluye expresamente el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses, mantiene penas de entre cinco y doce años de prisión.
Los diputados dialoguistas consideran que la nueva definición sigue siendo demasiado amplia y podría generar problemas de interpretación y afectar la libertad de expresión.
“Pedimos que lo eliminen, no que lo cambien”, expresó a TN un legislador que habitualmente acompaña al oficialismo.
La diputada radical Karina Banfi también rechazó la incorporación de delitos vinculados con la expresión en una iniciativa destinada a defender la soberanía nacional.
Por su parte, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, sostuvo que el proyecto podría convertirse en una herramienta de control político y social.
La aprobación de las modificaciones electorales exige una mayoría absoluta de la Cámara: 129 votos afirmativos.
Qué establece la Ley Malvinas
El núcleo de la iniciativa busca reforzar las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para quienes participen en esas actividades.
También establece restricciones para contratar con el Estado argentino, desarrollar determinadas actividades económicas y acceder a beneficios fiscales.
El objetivo del Gobierno es fortalecer las herramientas legales para actuar contra empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos y otros recursos en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.
La controversia parlamentaria surge porque el Ejecutivo incorporó a esa iniciativa disposiciones sobre seguridad, inteligencia e injerencia extranjera que algunos de sus aliados consideran ajenas al propósito original de la ley.
La reforma del Banco Central vuelve a Diputados
La sesión también incluirá el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados después de las modificaciones introducidas por el Senado.
La Cámara alta eliminó el requisito de reunir dos tercios de los votos de ambas cámaras para remover a las autoridades de la entidad.
En cambio, se mantiene el mecanismo de designación: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarán el acuerdo del Senado mediante una mayoría calificada.
La reforma busca establecer como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda, limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria y modificar las reglas de distribución de utilidades.
También apunta a fortalecer la independencia institucional del organismo.
Otros proyectos en discusión
La convocatoria incluye el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, así como una modificación al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios.
Además, se debatirán convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y una reforma de la Ley 24.467 que permitiría a las cooperativas acceder al certificado MiPyME.
Con este temario, el oficialismo intentará avanzar en varios proyectos antes de que concluya el período ordinario de sesiones.
La principal incertidumbre está en la Ley Malvinas: mientras existe una discusión sobre las sanciones a la explotación ilegal de recursos, la incorporación de nuevos delitos vinculados con la injerencia extranjera amenaza con dividir a los bloques

