Caso francesas: Dos expolicías a juicio por presuntas pruebas plantadas

Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano deberán responder por la presunta falsificación de documentos policiales relacionados con el hallazgo de un arma en 2011. El revólver fue incorporado a la investigación por los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni y llevó a que Raúl Alfredo Sarmiento fuera detenido e investigado. La acusación recupera una advertencia realizada hace quince años por el comisario Néstor Eduardo Piccolo sobre la posible colocación de pruebas.

16 Nov 2026 - 05:27
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Caso francesas: Dos expolicías a juicio por presuntas pruebas plantadas

El Ministerio Público Fiscal de Salta elevó a juicio la causa contra dos exintegrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1, acusados de haber incorporado información falsa en documentos oficiales durante un allanamiento realizado el 4 de agosto de 2011. El procedimiento terminó con el supuesto secuestro de un revólver que fue vinculado al asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cuerpos habían sido encontrados pocos días antes en la Quebrada de San Lorenzo.

Los imputados son Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano. La Unidad Fiscal integrada por María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín fue notificada de la elevación a juicio, después de que en julio el fiscal Paz presentara la acusación y solicitara la apertura del debate.

Mamaní está acusado como presunto autor de dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real. Solano deberá responder como presunto coautor del mismo delito, por su intervención en el acta del procedimiento.

La investigación busca determinar si los policías documentaron un hallazgo que no ocurrió de la manera consignada oficialmente y si esa maniobra permitió introducir elementos de procedencia cuestionada en una de las causas criminales más controvertidas de Salta.

Un allanamiento por robo que terminó vinculado al doble crimen

El 4 de agosto de 2011, efectivos de la Brigada de Investigaciones allanaron una vivienda de San Lorenzo perteneciente a Raúl Alfredo Sarmiento.

La orden había sido solicitada al entonces Juzgado de Instrucción Formal N.º 2 a partir de una investigación impulsada por Mamaní, quien sostenía que determinados objetos robados de una finca habían sido recibidos y ocultados en ese domicilio.

Mamaní quedó a cargo del procedimiento, mientras que Solano, entonces jefe de la División Delitos contra la Propiedad, intervino en la supervisión de su legalidad.

Los policías no encontraron ninguno de los elementos denunciados como robados.

Sin embargo, el acta de secuestro consignó que durante la inspección del jardín apareció un revólver calibre .22, supuestamente enterrado junto a una higuera. El arma contenía cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin disparar.

El hallazgo modificó el rumbo de la investigación. Mamaní vinculó el revólver con dos proyectiles que él mismo había encontrado en la Quebrada de San Lorenzo, donde se investigaba el doble homicidio de las ciudadanas francesas.

El arma fue incorporada al expediente de los asesinatos y Sarmiento terminó sometido a proceso.

La denuncia de Sarmiento: Un arma colocada junto a una higuera

La versión policial fue cuestionada desde el comienzo por el propietario de la vivienda.

En agosto de 2011, cuando fue detenido e interrogado por su posible vinculación con el doble homicidio, Sarmiento negó que el revólver le perteneciera y denunció que los efectivos lo habían colocado deliberadamente en su propiedad.

Su acusación tuvo repercusión nacional. El 15 de agosto de aquel año, distintos medios informaron que Sarmiento había declarado ante el juez de instrucción Martín Pérez que el arma había sido plantada.

Según el relato incorporado a la actual acusación fiscal, Sarmiento observó a un policía cavar un pequeño pozo junto a una higuera y a otro colocar allí un revólver envuelto en un trapo.

La Fiscalía también valoró las declaraciones de los testigos civiles del allanamiento.

Ninguno presenció el momento exacto en que apareció el arma. Sin embargo, uno recordó haber visto previamente a un efectivo remover la tierra con un palo.

Ambos coincidieron en un detalle: cuando fueron convocados al sector de la higuera, el revólver y el trapo que lo envolvía estaban limpios, sin rastros visibles de haber permanecido enterrados.

Esa circunstancia es uno de los elementos que la acusación considera relevantes para cuestionar la veracidad del acta policial.

La advertencia de Piccolo sobre los proyectiles

Otra pieza central de la investigación es un informe presentado el 12 de agosto de 2011 por el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo.

El funcionario policial advirtió al juez de Instrucción que el sector de la Quebrada de San Lorenzo donde Mamaní y otros efectivos dijeron haber encontrado dos proyectiles ya había sido inspeccionado exhaustivamente.

Según explicó, el lugar había sido revisado centímetro por centímetro, incluso mediante la utilización de un detector de metales, sin que se encontraran esos elementos.

La aparición posterior de los proyectiles llamó su atención.

Piccolo dejó asentada la posibilidad de que hubieran sido colocados después del rastrillaje inicial, con el propósito de desvirtuar la investigación.

La advertencia adquiere especial relevancia porque esos mismos proyectiles fueron los que permitieron establecer una vinculación balística con el revólver secuestrado en la vivienda de Sarmiento.

De este modo, la acusación actual cuestiona las circunstancias de dos hallazgos relacionados entre sí: el del arma en una vivienda particular y el de los proyectiles en un lugar que ya había sido inspeccionado.

Qué establecieron las pericias balísticas

En agosto de 2011, los resultados balísticos fueron presentados como una prueba que comprometía a Sarmiento.

Las crónicas de la época identificaron el revólver como un arma calibre .22, marca Amadeo Rossi, de fabricación brasileña y con la numeración limada.

Los estudios establecieron correspondencia entre esa arma y dos proyectiles encontrados en la Quebrada de San Lorenzo.

Sin embargo, la acusación fiscal de 2026 destaca una diferencia fundamental: el revólver secuestrado en la casa de Sarmiento no presentaba correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas.

La compatibilidad se había establecido únicamente con los dos proyectiles encontrados por Mamaní en el sector que Piccolo aseguró haber registrado previamente con resultado negativo.

Por lo tanto, la relación balística que se utilizó para involucrar a Sarmiento dependía de elementos cuya procedencia ya había sido cuestionada durante la investigación original.

Sarmiento fue posteriormente sobreseído. Una resolución judicial vinculada al expediente del doble homicidio menciona expresamente la procedencia dudosa del arma y los proyectiles al referirse a su desvinculación.

Qué responsabilidad atribuye la Fiscalía a cada expolicía

La acusación distingue las intervenciones de Mamaní y Solano.

A Mamaní se le atribuye haber elaborado el informe que relacionó a Sarmiento con los objetos supuestamente robados, promovido el allanamiento y dirigido el procedimiento.

También se lo acusa de haber firmado el acta de secuestro que consignó el presunto hallazgo del revólver.

El segundo hecho de falsedad ideológica que se le imputa corresponde a la elaboración y firma de un informe posterior en el que volvió a describir el hallazgo cuestionado.

En cuanto a Solano, la Fiscalía sostiene que, como jefe de la División Delitos contra la Propiedad, supervisó el allanamiento y validó con su firma y sello el acta que contenía los datos presuntamente falsos.

La acusación considera que esa documentación tuvo consecuencias concretas para Sarmiento, quien terminó involucrado en la investigación de un doble homicidio a partir de un arma cuya procedencia estaba cuestionada.

El juicio deberá determinar si existió falsedad en los instrumentos públicos y cuál fue la responsabilidad penal de cada acusado. La elevación a juicio no implica que los hechos imputados estén judicialmente probados.

Mamaní ya había sido condenado en otra causa

Walter Omar Mamaní tiene un antecedente judicial relevante, independiente de los hechos que ahora serán juzgados.

El 10 de mayo de 2022 fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

La sentencia lo declaró responsable de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una persona identificada con las iniciales L. D. y de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública, ambos delitos en concurso real.

En ese mismo proceso fue absuelto, por aplicación del principio de la duda, de otras imputaciones relacionadas con un hecho ocurrido el 2 de julio de 2020.

La condena de 2022 corresponde a hechos diferentes de los investigados en el caso de las turistas francesas y no determina su responsabilidad en el nuevo juicio.

Quince años de una investigación cuestionada

Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron asesinadas en julio de 2011 durante una visita turística a Salta. Sus cuerpos fueron encontrados el 29 de julio en la Quebrada de San Lorenzo.

Desde las primeras semanas, la investigación estuvo atravesada por detenciones, declaraciones contradictorias, cuestionamientos a procedimientos policiales y controversias sobre la interpretación de las pruebas.

En junio de 2014, el Tribunal de Juicio condenó a Gustavo Orlando Lasi a 30 años de prisión y absolvió a Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi por el beneficio de la duda. También fueron condenados Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval por encubrimiento.

En febrero de 2016, el Tribunal de Impugnación modificó la sentencia: elevó a prisión perpetua la condena de Lasi y revocó la absolución de Vera, a quien también impuso prisión perpetua.

La situación de Vera volvió a cambiar en diciembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto su condena y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. El hombre recuperó la libertad después de permanecer más de siete años encarcelado desde aquella segunda condena.

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, mantuvo durante años sus cuestionamientos a la investigación original y reclamó que se revisaran las pruebas y las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron.

Nuevas pericias en Francia y otras investigaciones a policías

La elevación a juicio de Mamaní y Solano se produce mientras continúa una nueva etapa de investigación del doble homicidio, con cooperación entre las autoridades judiciales argentinas y francesas.

Durante 2026, integrantes de la Unidad Fiscal realizaron gestiones en Francia para profundizar los estudios genéticos sobre muestras conservadas desde la investigación original.

En París se efectuaron nuevos análisis en el laboratorio de la Gendarmería Nacional francesa. También se recibieron explicaciones de especialistas de Nantes sobre diferencias entre resultados obtenidos en estudios genéticos anteriores.

En agosto, los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín mantuvieron una reunión con la jueza de instrucción francesa Emmanuelle Robinson para evaluar los avances de la cooperación judicial y las medidas pendientes.

En ese encuentro también se informó sobre las investigaciones contra personal policial por presunta falsedad ideológica y apremios ilegales, causas conexas que quedaron bajo la intervención de la Unidad Fiscal por disposición de la Procuración General.

Otro de los movimientos judiciales de este año fue el pedido fiscal para revisar el sobreseimiento de Walter Lasi, padre de Gustavo Lasi, a partir de nuevas evaluaciones de elementos genéticos. Ese planteo no implica una determinación de responsabilidad penal.

La investigación principal y las causas contra policías tienen objetos distintos. La primera busca avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos y la posible participación de otras personas. La que ahora fue elevada a juicio examina si funcionarios policiales incorporaron información falsa a documentos oficiales y perjudicaron a un hombre que terminó investigado por el doble homicidio.

Quince años después de los hechos, las actuaciones de agosto de 2011 deberán ser examinadas nuevamente, esta vez en un juicio destinado a establecer la responsabilidad de quienes documentaron el supuesto hallazgo del revólver.

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