Malvinas: El Gobierno busca ampliar su poder con una ley de 133 artículos

El Gobierno de Javier Milei insiste en aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, pero el debate en Diputados dejó expuesto un conflicto que va mucho más allá del reclamo argentino sobre las islas. La iniciativa contiene 133 artículos, de los cuales apenas 40 están directamente relacionados con Malvinas. Los restantes impulsan reformas en materia de defensa, seguridad y facultades del Poder Ejecutivo que generan resistencia incluso entre algunos legisladores libertarios.

Este miércoles, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, llegó al Congreso para defender el proyecto ante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Su presencia buscó responder a los reclamos de la oposición, que había solicitado explicaciones de funcionarios como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La funcionaria reconoció que el texto contiene “fallas técnicas” y anticipó que el Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones. Sin embargo, rechazó el principal pedido opositor: dividir la iniciativa para tratar por separado la defensa de Malvinas y las reformas vinculadas con la seguridad nacional.

Malvinas, el punto de acuerdo; el resto, bajo discusión

El bloque de Unión por la Patria sostiene que está dispuesto a trabajar sobre el primer tramo del proyecto, dedicado a la defensa de la soberanía sobre las islas, pero reclama que los otros capítulos tengan un tratamiento legislativo independiente.

Provincias Unidas también adelantó que presentará un dictamen propio concentrado en el Título I.

La preocupación opositora apunta a la creación de nuevas herramientas de seguridad nacional y a la ampliación de atribuciones del Ejecutivo. Entre ellas figura un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por representantes del Gobierno y encabezado por el presidente.

Ibarzábal Murphy adelantó que el oficialismo podría aceptar la creación de una comisión bicameral del Congreso para supervisar ese organismo. La propuesta busca responder a los cuestionamientos sobre la concentración de poder, aunque todavía no existe acuerdo sobre su alcance.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó el proyecto como un conjunto de normas que genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la militarización y la concentración de facultades estatales.

Derribos y libertad de expresión

Entre los artículos cuestionados aparecen disposiciones relacionadas con la habilitación de derribos y cambios en la política antiterrorista, además de una modificación del Código Penal que podría afectar la actividad comunicacional.

Se trata del artículo 225 bis, que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, financiados por actores extranjeros, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

La redacción despertó objeciones por la dificultad de delimitar qué conductas quedarían comprendidas y por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

La secretaria de Legal y Técnica aseguró que la norma no busca penalizar errores periodísticos ni publicaciones falsas por sí mismas, sino impedir operaciones de injerencia extranjera. También admitió que podrían introducirse cambios para precisar su alcance.

El problema para el Gobierno es que algunos diputados libertarios tampoco están dispuestos a acompañar el artículo tal como fue presentado.

Cruces por la Ley de Tierras y la ciudadanía por inversión

La discusión tuvo momentos de fuerte tensión. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, vinculó el debate sobre soberanía con la controversia judicial por la Ley de Tierras y cuestionó la actitud de la funcionaria durante su intervención.

El intercambio terminó con una expresión ofensiva de Martínez hacia Ibarzábal Murphy, por la que luego pidió disculpas.

La diputada Florencia Carignano, por su parte, cuestionó el programa de Ciudadanía por Inversión anunciado por el Ejecutivo, que contempla alternativas de acceso a la ciudadanía argentina mediante aportes de 350.000 dólares o la suscripción de títulos públicos por 800.000 dólares.

La legisladora planteó una contradicción entre el discurso oficial sobre soberanía y la posibilidad de otorgar ciudadanía a cambio de inversiones, y exigió explicaciones sobre la implementación del programa.

Una ley que todavía no tiene los votos

El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto durante la semana del 21 de octubre, pero todavía no reúne los apoyos necesarios.

La resistencia no está centrada en el reclamo argentino sobre Malvinas, que reúne amplios consensos parlamentarios, sino en la decisión del Gobierno de incorporar bajo ese mismo título una reforma mucho más extensa del sistema de defensa y seguridad.

La discusión de fondo es por qué una ley presentada para proteger la soberanía sobre Malvinas necesita modificar también las facultades del Presidente, la política de seguridad interior y las normas penales sobre desinformación.

Por ahora, el Ejecutivo acepta negociar cambios en el articulado, pero no separar los proyectos. Esa decisión mantiene trabado el tratamiento de una iniciativa que, pese a invocar una causa de amplio consenso nacional, está lejos de conseguir una mayoría en Diputados.