España impide votar a más de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo de España confirmó que 163.020 ciudadanos nacionalizados a través de la denominada ley de nietos no podrán votar en las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre, al mantener una suspensión cautelar que el Gobierno de Pedro Sánchez había intentado revertir.

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que rechazó los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para levantar la medida.

El conflicto tiene especial repercusión en la Argentina, donde cientos de miles de descendientes de españoles iniciaron trámites para obtener la ciudadanía mediante la Ley de Memoria Democrática.

Por qué la Justicia suspendió el derecho al voto

La controversia no gira en torno a toda la ley de nietos, sino a una instrucción administrativa utilizada para conceder determinadas nacionalizaciones.

Esa disposición presume la condición de exiliados de españoles que abandonaron su país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.

El Tribunal Supremo considera que esa interpretación podría exceder los alcances establecidos por la ley y ordenó diferenciar los casos tramitados directamente bajo la normativa de aquellos que se beneficiaron de la instrucción cuestionada.

Los magistrados sostuvieron que el derecho al sufragio debe compatibilizarse con la necesidad de garantizar la veracidad del padrón electoral y prevenir posibles irregularidades.

La medida cautelar había sido solicitada por el partido Iustitia Europa y por Vox, la formación de ultraderecha que encabeza Santiago Abascal.

El Gobierno intentó revertir la medida

La Abogacía del Estado advirtió que la suspensión podría impedir de manera irreversible que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones.

También sostuvo que la administración española no cuenta con tiempo ni recursos suficientes para revisar individualmente los expedientes antes de que se cierre el padrón.

Sin embargo, el Tribunal Supremo mantuvo su decisión, con el voto discrepante de una de las seis magistradas que intervinieron.

La resolución deberá publicarse con urgencia en el Boletín Oficial del Estado y los afectados tendrán un plazo de cinco días para presentarse en el procedimiento y formular alegaciones.

El calendario electoral establece que el censo definitivo deberá quedar cerrado el 23 de octubre, lo que reduce considerablemente el margen para introducir modificaciones antes de los comicios.

Cómo afecta a los argentinos con ciudadanía española

Argentina fue el país con mayor cantidad de solicitudes de nacionalidad bajo la ley de nietos, una normativa que permitió a descendientes de españoles acceder a la ciudadanía como parte de una política de reparación histórica.

El Consulado General de España en Buenos Aires registró más de 650.000 identificadores de trámite desde la entrada en vigor de la ley, mientras que las sedes de Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca sumaron otros 220.000.

Es importante aclarar que esos números corresponden a solicitudes o identificadores de trámite y no significan que todas esas personas hayan obtenido efectivamente la ciudadanía española.

Tampoco implica que todos los argentinos nacionalizados mediante la ley estén alcanzados por la suspensión. La medida se refiere a los casos comprendidos en el procedimiento administrativo que cuestiona el Tribunal Supremo.

Por el momento, no se informó cuántos de los 163.020 ciudadanos afectados residen en la Argentina.

Qué pasa con la ciudadanía española

La resolución judicial se refiere al ejercicio del derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre y no supone, por sí misma, la pérdida automática de la nacionalidad española.

El conflicto está vinculado con la interpretación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que amplió las posibilidades de acceder a la ciudadanía para descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La decisión provocó críticas del Gobierno de Pedro Sánchez y fue celebrada por dirigentes de la oposición, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien defendió la necesidad de garantizar la transparencia del padrón electoral.

Mientras continúa la controversia judicial, miles de ciudadanos españoles residentes en el exterior enfrentan la posibilidad de quedar excluidos de una elección nacional, pese a contar con la nacionalidad reconocida.