Orán: Condenados por contrabando de químicos

Dos camioneros bolivianos fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar trasladar a Bolivia 35.144 kilos de acetato de etilo, un precursor químico utilizado en el refinamiento de cocaína. El cargamento fue interceptado el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, cuando los vehículos intentaban salir de Argentina por un cruce fronterizo distinto del autorizado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, con intervención de la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y del investigador Francisco Mena.

Los condenados son Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes reconocieron el hecho y su participación mediante acuerdos plenos alcanzados con la fiscalía.

La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó los acuerdos durante una audiencia celebrada el 22 de octubre.

Una carga internacional con una ruta diferente

El cargamento había ingresado a Argentina desde Uruguay y debía continuar hacia Bolivia. Estaba distribuido en 191 tambores, transportados en dos camiones: uno llevaba 95 y el otro, 96.

La documentación presentada por los conductores indicaba que los vehículos debían abandonar el país por el paso internacional de Salvador Mazza, con destino final a Cochabamba.

Sin embargo, ambos llegaron al cruce de Aguas Blancas, donde personal de Gendarmería Nacional realizó el control que permitió detectar las irregularidades.

La operación comercial involucraba a la empresa uruguaya Melinor S.A., la transportista Cooperativa Tarija del Sur SRL y Southpac Corporation, con domicilio en Panamá. Como destinataria final figuraba Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Permisos adulterados para aparentar legalidad

Durante el procedimiento, los camioneros exhibieron autorizaciones de tránsito internacional y documentación del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

Al verificar esos documentos, los investigadores comprobaron que los dominios de los camiones no estaban incluidos en la autorización original y que el recorrido realizado tampoco coincidía con el aprobado.

La fiscalía estableció que se había utilizado un documento adulterado, confeccionado con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), al que se incorporaron las patentes de los vehículos.

Las irregularidades motivaron la detención de los conductores y el secuestro de los camiones y de la carga, valuada en $167.608.459.

Posteriormente, un peritaje de la Policía Federal Argentina confirmó que los tambores contenían acetato de etilo, una sustancia sometida a controles especiales por su posible utilización en la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Una investigación en Bolivia aportó nuevos elementos

Uno de los aspectos distintivos del caso surgió de la cooperación entre las fiscalías de Argentina y Bolivia.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), mediante la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica, facilitó el intercambio de información con las autoridades bolivianas.

Esa colaboración permitió incorporar documentación de una investigación desarrollada en el país vecino, donde se habían allanado depósitos de acetato de etilo.

Entre ellos figuraba un establecimiento en Cochabamba perteneciente a la empresa señalada como destinataria final del cargamento interceptado en Salta.

Los investigadores determinaron que ese depósito no estaba habilitado para almacenar sustancias químicas, circunstancia que incrementó las sospechas sobre un posible desvío del precursor.

No obstante, la sentencia argentina se refiere al intento de contrabando de la sustancia y al uso de documentación adulterada. La información difundida no acredita que el cargamento estuviera destinado efectivamente a la fabricación de cocaína.

Las condenas y los decomisos

Nina González y Puma García fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el empleo de documentación adulterada, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de precursores químicos a una zona de frontera sin la autorización correspondiente.

Además de las penas de prisión, se dispuso la inhabilitación absoluta por el término de la condena y la aplicación de las sanciones accesorias previstas en el artículo 876 del Código Aduanero.

La sentencia también incluyó el decomiso de los 35.144 kilos de acetato de etilo y de los teléfonos celulares secuestrados.

En el caso de Puma García, se ordenó además el decomiso del tractor del camión y del semirremolque utilizados para transportar la mercadería.