Salud mental: El Senado aprobó cambios en las internaciones

El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes 30 de octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, después de introducir modificaciones al proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei para conseguir los votos necesarios.

La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Uno de los principales cambios respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo es que se mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios. También se conserva el principio de que la internación debe ser una medida excepcional, utilizada cuando resulte más beneficiosa que los tratamientos ambulatorios.

Qué cambia con las internaciones involuntarias

El proyecto establece que una persona podrá ser internada sin su consentimiento cuando exista un riesgo grave de daño para su vida, su integridad física o la de terceros.

Esa situación deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario y contar con la firma de dos profesionales.

Además, se establecen plazos de control judicial:

• 24 horas: plazo máximo para notificar la internación al juez competente y al órgano de revisión.

• Tres días: tiempo del que dispondrá el juez para convalidar la internación, solicitar nuevas evaluaciones o disponer el alta.

• 180 días: a partir de ese plazo, una internación será considerada prolongada y deberá intervenir de oficio el órgano de revisión.

La propuesta también exige elaborar desde el inicio un plan de egreso, con el objetivo de evitar internaciones indefinidas.

Los psiquiatras tendrán participación obligatoria

Otra modificación importante está relacionada con la composición de los equipos de salud mental.

La atención continuará siendo interdisciplinaria, pero deberá incluir obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto con profesionales de psicología, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional.

En las localidades donde no sea posible contar con un psiquiatra de manera presencial, se permitirá su intervención mediante teleconsultas en tiempo real para participar en evaluaciones y tratamientos.

Esta disposición busca facilitar la atención especializada en provincias y localidades donde existen dificultades para acceder a determinados profesionales.

Se mantiene la prohibición de los manicomios

Aunque el proyecto original del Ejecutivo pretendía modificar esa restricción, el texto aprobado por el Senado mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales.

Las internaciones podrán realizarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

La reforma también sostiene que un diagnóstico psiquiátrico no implica, por sí solo, que una persona represente un riesgo ni que deba restringirse su capacidad jurídica.

Asimismo, prohíbe establecer diagnósticos basados en condiciones sociales, culturales, identidad sexual o demandas familiares.

Qué pasará con los niños y adolescentes

El proyecto incorpora disposiciones específicas para la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones vinculadas con consumos problemáticos.

Se establece que deberán ser atendidos en dispositivos diferenciados de los adultos.

Las internaciones en unidades destinadas a personas mayores de edad solo se permitirán excepcionalmente y durante el menor tiempo posible.

También se reconoce el derecho de los menores a ser escuchados, el principio de autonomía progresiva y la necesidad de evitar la criminalización de los consumos problemáticos.

Financiamiento para las provincias

Uno de los reclamos planteados durante el debate fue la necesidad de acompañar los cambios legales con recursos económicos.

El proyecto incorpora un mecanismo por el cual el Estado nacional podrá brindar asistencia técnica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios bilaterales.

Los recursos estarán destinados principalmente a fortalecer equipos profesionales, desarrollar herramientas de telemedicina, ampliar dispositivos comunitarios y financiar programas específicos de salud mental.

La coordinación se realizará en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Sin embargo, el texto no garantiza por sí mismo una asignación presupuestaria determinada para cada provincia.

Bullrich defendió la reforma y hubo cuestionamientos

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió los cambios al considerar que permitirán intervenir con mayor rapidez ante situaciones de riesgo.

“Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales”, sostuvo durante el debate.

“Esto salva vidas”, agregó.

Desde otros sectores, incluso entre legisladores que reconocieron la disposición del oficialismo a introducir cambios, surgieron advertencias sobre la necesidad de garantizar recursos y mecanismos efectivos de control.

El senador catamarqueño Guillermo Andrada cuestionó que se modifiquen los criterios clínicos sin asegurar las herramientas necesarias para supervisar su aplicación.

También reclamó mantener el enfoque comunitario de la atención y sostuvo que la falta de presupuesto fue uno de los principales problemas para implementar la ley vigente.

Qué falta para que los cambios entren en vigencia

La reforma todavía no es ley. Tras obtener media sanción en el Senado, deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados.

Si finalmente se convierte en ley, modificará los procedimientos para las internaciones involuntarias, la participación de los equipos profesionales y los mecanismos de asistencia federal.

El desafío será determinar cómo se aplicarán esas disposiciones en los sistemas sanitarios provinciales, especialmente donde existen dificultades de infraestructura, personal especializado y acceso a tratamientos.